En Guatemala las cosas más pequeñas adquieren enorme proporción cuando se logran porque estamos acostumbrados a entretener la nigua, a mantener la situación invariable a pesar de la certeza de que aquí todo está por cambiar. Así es como debemos ver la aprobación al final de cuentas heroica, de la ley para normar el trabajo de las comisiones de postulación, porque la misma estaba ya condenada al fracaso cuando el Presidente de la República la descalificó y cuando el Presidente del Congreso dijo que no había tiempo para aprobarla.
La presión ciudadana en el marco de la crisis institucional derivada del asesinato de Rodrigo Rosenberg y las acusaciones que formuló en un video antes de ser acribillado a tiros, como tanto guatemalteco muerto en los ya largos años de impunidad en el país, sirvió para que hasta el ingeniero Colom diera importancia a la ley y para que el señor Roberto Alejos hiciera esfuerzos por lograr acuerdos en el Congreso a fin de aprobarla.
Fuera del histriónico proceder de un diputado que tiene el tino de actuar así para sobresalir, el resto de los asistentes a la sesión extraordinaria de ayer votó a favor de la aprobación de la ley propuesta por Nineth Montenegro y mejorada con el aporte de otras instancias que vieron la oportunidad de aportar a la transparencia de la elección de magistrados.
Nosotros repetimos que es apenas un paso, un eslabón importante pero hasta allí, en el esfuerzo por transparentar la elección de los magistrados de Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia porque estamos conscientes de que prevalece aún el criterio de que «hecha la ley, hecha la trampa» puesto que los intereses en juego son demasiado grandes. Pero definitivamente el trabajo de fiscalización que debemos hacer los ciudadanos será más fácil luego de la aprobación de la iniciativa de la diputada Montenegro que nos ofrece espacios para actuar, para vigilar, para demandar y fiscalizar con eficacia.
Días después de la muerte de Rodrigo Rosenberg en La Hora se dijo que si su muerte servía por lo menos para dar paso a la elección transparente de los magistrados, ya el país ganaba algo importante. Hoy vemos que la presión ciudadana volcada en la búsqueda de instrumentos legales para buscar que los mejores abogados se hagan cargo de impartir justicia dio frutos porque a pesar de la rotunda negativa inicial del presidente Colom, quien indudablemente maneja la agenda legislativa, y del Presidente del Congreso que consideró fuera de tiempo la propuesta, el pleno terminó apoyando la ley en lo que hubiera sido impensable antes de la crisis política actual.