A partir del domingo 17, el gobierno queda debilitado y se aí­sla más. Esto se debe al errático manejo polí­tico de la crisis. Aunque ésta sea su debilidad principal, no quiere decir que se haya reducido al máximo su margen de maniobra y, menos, que esté a punto de caer o ser defenestrado. Esto, por un lado. Por el otro, el empresariado y sus seguidores no salen fortalecidos aunque sí­ con posibilidades de mantener la iniciativa, disponer de un mayor margen de maniobra y ejercer mayor presión a fin de alcanzar lo que ya se habí­an propuesto aun antes del asesinato de Khalil Musa y su hija, y de Rodrigo Rosenberg.

Son varios y distintos los factores que influyen, en una u otra dirección. El desenlace de la crisis no está a la vuelta de la esquina y su tendencia es a agravarse.

Al gobernante lo afectan contradicciones internas (no antagónicas aunque cada vez más evidentes) que podrí­an obligarlo a tener que hacer algunas concesiones y ceder en lo que hasta el domingo no parecí­a dispuesto, sin que ello signifique que el empresariado tenga todo a su favor.

No es una casualidad que, apresuradamente, haya tenido que venir al paí­s el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en funciones, David Robinson, reunirse a puerta cerrada con el mandatario guatemalteco y en presencia del Canciller, el Vicepresidente y el Embajador estadounidense en Guatemala, diplomáticamente le manifestara «el total apoyo del gobierno de Estados Unidos «ante la situación». Ese mismo dí­a se informó que el visitante se reunirí­a con el sector privado. (Diario La Hora, 18 de mayo de 2009).

De lo que en ambas reuniones se haya tratado bajo la mesa no se sabrá nada y lo convenido por señas sólo servirá a las partes en pugna para ganar tiempo. Lo que no puede dejar de decirse es que la visita del funcionario estadounidense es una injerencia más en nuestros asuntos internos y una maniobra a dos bandas de la diplomacia intervencionista yanqui. Es, además, un atropello a nuestra soberaní­a e independencia y afecta y lesiona la ya tan deteriorada y vulnerable institucionalidad y estabilidad del paí­s.

En tales condiciones, al gobierno no le queda sino comprometerse (aunque sea de palabra) a no interferir en el esclarecimiento de los crí­menes que motivaron el mayor agravamiento de la crisis y respetar el debido proceso; insistir en su ya expresada decisión de ordenarle a la bancada oficial que agilice la aprobación de la iniciativa de ley sobre las Comisiones de Postulación y si lo logra será a cambio de compromisos costosos y tener que aceptar las condiciones de quienes se oponen a su emisión; dejar para después la modernización tributaria; aceptar la fiscalización independiente del Banco de Desarrollo Rural, S.A. (Banrural), y prescindir de algunos de sus funcionarios y allegados empezando, como se rumoreó ayer y se confirma hoy, por sus personeros en Anacafé. Lo que no parece fácil es que deje de lado sus asistencialistas y cuestionados programas de Cohesión Social ya que vendrí­a a ser la mayor derrota polí­tica y personal de la gestión de quienes se dicen socialdemócratas.

En cuanto a cómo queda el empresariado después de su concentración del domingo, lo más peligroso es que se vaya a envalentonar aún más y en lugar de la cordura y sensatez a que llama a quienes lo secundan, predomine su arrogancia y prepotencia y trate de arrinconar más a quien puede que esté viendo vacilante, más aislado y debilitado de lo que en realidad está.

En medio del desbarajuste polí­tico e institucional a que se ha orillado al paí­s, es esclarecedora la posición de la dirigencia del CUC y de CNOC que en conferencia de prensa del sábado 16 llamó a «constituir un bloque popular con representación de los diferentes sectores en donde se exija la transformación del Estado, y no caer en el juego de los grupos de poder… en pugna». (Albedrí­o, 17 de mayo de 2009).

Si así­ es, podrí­a estarse hablando ya del comienzo de la articulación de la alternativa social y popular, unitaria e incluyente, de cara al futuro, para los cambios que el paí­s necesita.