La ley nos brindarí­a a los ciudadanos la oportunidad de tener más participación y de que las discusiones de la Comisión de Postulación sean públicas para evitar las componendas secretas que han sido la norma en las últimas oportunidades. De hecho se sabe que en el pasado se repartieron cuotas entre los sectores representados en la Comisión y así­ cada uno aceptó sin objeción los listados de cada facción, lo que se tradujo en un simple y puro reparto de pastel entre grupos que tení­an sus propios intereses y su propia agenda. De ese comportamiento indecente no se libraron los decanos de facultades que se las llevan de prestigiosas, porque aceptaron jugar el jueguito y nadie lo denunció públicamente.

El proceso de selección de los candidatos tiene que ser escudriñado por la opinión pública y luego esa misma actitud se debe mantener cuando ya estemos en la etapa en la que corresponde al Congreso hacer las elecciones definitivas. No olvidemos que muchas de las bancadas del Organismo Legislativo están comprometidas con personas que tienen cuentas pendientes con la justicia y que tratarán por todos los medios de disponer de tribunales adecuados para que su caso no llegue a traducirse en una sanción penal.

Hoy ha sido la presión pública generada por el caso Rosenberg lo que hizo que hasta el partido de gobierno, que no habí­a dado importancia al tema de la integración de las Cortes, asumiera un compromiso. Pues esa misma presión tiene que mantenerse y serí­a dejarnos encandilar si suponemos que basta y sobra con la ley para lograr el cometido. La ley nos dará herramientas para hacer más efectivo el control ciudadano, pero sin ese control, sin la participación decidida de la sociedad, nada se hará. Y para empezar, los abogados decentes, que obviamente tienen que ser mayorí­a, no deben abstenerse de votar y su participación puede marcar un hito. La abstención en el Colegio de Abogados se vuelve así­ cómplice de quienes la aprovechan para mantener un control absoluto de esa instancia profesional.