Por primera vez desde las concentraciones de los «Viernes de Luto» durante el mandato de Alfonso Portillo, la «gente bien» de nuestro país ha optado por el derecho constitucional a la manifestación para exigir la renuncia del presidente ílvaro Colom, luego de la publicación del video en donde el abogado Rodrigo Rosenberg, antes de ser asesinado, hizo una serie de denuncias en contra de varios funcionarios del actual Gobierno.
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«Guate, porque te quiero, te voy a rescatar», rezaba una de las mantas desplegadas en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura, muy cerca de donde se encuentran, desde hace más de ocho meses, integrantes de Sitrapeten.
Mientras, a la vuelta de la esquina, frente a Casa Presidencial, pobladores de varios asentamientos de la ciudad manifestaban su apoyo al Presidente y a «doña Sandra» y, a gritos, expresaban su gratitud por los programas que ejecuta el Consejo de Cohesión Social y de los cuales han sido beneficiados.
Así, el crimen contra el abogado y la movilización a favor de la renuncia de Colom, y las manifestaciones de apoyo a su gestión por parte de pobladores, evidenció la existencia de estas dos «guatemalas» opuestas: una integrada por la población con las posibilidades suficientes para satisfacer sus necesidades sociales, y otra formada por todas las personas que apenas alcanzan a saber que tienen derechos.
Sin duda, las voces que vitorearon al Presidente y a su esposa en la entrada de Casa Presidencial el pasado martes, fueron acarreadas en buses contratados específicamente para ello, coordinados por una logística que no precisamente pudo haber salido de la dirigencia comunitaria. Sin embargo, no puede negarse que lo que mueve a este grupo de personas va más allá de unos cuantos quetzales; es el resultado de los programas impulsados por el Consejo de Cohesión Social.
Por el otro lado, los parqueos cercanos al centro capitalino se encontraban llenos con vehículos último modelo, y varias fueron las señoras que estuvieron acompañadas por sus guardaespaldas para ayudar a colocar la bandera a media asta.
Pero en ninguno de los dos bandos se escuchan voces que clamen por políticas públicas dirigidas a cambiar la estructura económica de nuestro país. Por supuesto que quienes han decidido vestirse de negro no van a apoyar las propuestas de las organizaciones sociales que impulsan la revisión de la tenencia y uso de la tierra. Tampoco se interesan por cambiar la situación de miles de personas que son explotadas y que no gozan de un trabajo digno ni de un salario justo. Menos se interrogarán por la inequitativa distribución de la riqueza y la necesidad de una Reforma Fiscal que genere más recursos al Estado y así una mayor atención a la población en general.
Es momento de defender la institucionalidad del país. Pero es una oportunidad también para plantearnos la necesidad de revisarnos como sociedad, en donde se condena el asesinato de una persona y se ignora la precaria situación de vida de la mayoría de la población.