El ejercicio cada vez más frecuente de la jurisdicción universal por parte de España por violaciones de derechos humanos en América Latina, Estados Unidos, China o Israel está llevando al Gobierno y a parte de la magistratura a defender una limitación de la ley para evitar problemas diplomáticos
El principio de jurisdicción universal, que ha sido un avance para evitar la impunidad, se está convirtiendo en un problema, explica el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. O se interpreta de forma razonable, o estamos creando problemas diplomáticos en las relaciones entre países.
El fiscal jefe coincide con el ministro español de Justicia y el presidente del Tribunal Supremo, que esta semana se pronunciaron a favor de poner coto a la legislación que desde 2005 da a España competencia para ejercer la jurisdicción universal de manera absoluta.
Las declaraciones tienen lugar después que en la última semana los jueces decidieron continuar la investigación a responsables israelíes por un bombardeo en Gaza en 2002, interrogar a dirigentes chinos por la represión del Tíbet en 2008 y preguntar a Washington si investigará sobre la prisión de Guantánamo.
La fiscalía se opone a estas tres investigaciones y también a la última causa abierta, contra siete piratas somalíes que el juez quería encarcelar en España, porque estima que España puede aplicar la justicia universal absoluta sólo en caso de genocidio.
En los demás casos de crímenes contra la humanidad, debe respetarse la legislación preferente, es decir, la del país donde se cometieron los hechos, y que para aplicarla las víctimas sean españolas o que haya vínculos especiales con España, según Zaragoza.
La mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial y encargada de estos delitos, estiman sin embargo que el Tribunal Constitucional dijo en 2005 «que la jurisdicción universal en España tiene competencia jurisdiccional universal absoluta», explicó a la uno de sus magistrados.
La sentencia constitucional es clara. Nos limitamos a aplicar la ley, subraya el juez, que precisa que el cambio de actitud de la fiscalía data de inicios de 2008, tras la admisión a trámite de la querella contra 40 responsables de genocidio en Ruanda en los 90, seguida de la de Tíbet, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Pekín.
El ejercicio de la justicia universal en España, donde se han presentado 18 querellas y admitido una docena, ha dado resultados en el caso de América Latina: la condena del represor argentino de la dictadura Adolfo Scilingo y la indemnización a las víctimas del dictador chileno Augusto Pinochet con 8.000 millones de dólares por parte del Banco Riggs.
Todo apunta a que por presiones diplomáticas, España acabará cambiando la ley. Me temo mucho que va a haber una modificación legal entre todas las fuerzas políticas, como en Bélgica y Alemania, donde van a poner límite a la aplicacion de la jurisdicción universal, prevé el fiscal jefe.
Su postura es la misma que la del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, que el lunes declaró que los jueces españoles no pueden convertirse en los gendarmes judiciales del mundo y estar en conflicto diplomático diario. E incluso la de algunos jueces.
Tanto la fiscalía como el ministro defienden que a largo plazo la Corte Penal Internacional (CPI) ejerza plenamente la jurisdicción universal. Pero tanto algunos jueces como Amnistía advierten de que cambiar la ley es ir en contra del derecho internacional.