El debate sobre el proyecto de ley de Memoria Histórica impulsado por el gobierno socialista español que busca «restituir el derecho» de las víctimas del franquismo, llegó hoy a un Parlamento dividido, en el que estuvo presente el fantasma de Augusto Pinochet.
La vicepresidenta primera del gobierno español defendió la iniciativa presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), asegurando que «es heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia consolidada: la concordia».
«Lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia» hacia las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), sostuvo la número dos del ejecutivo en el hemiciclo -bastante vacío- en presencia del jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un republicano fusilado por las tropas franquistas.
Según De la Vega, este proyecto es un «reconocimiento moral a las víctimas (…) y a sus derechos individuales. (…) El gobierno quiere extender la igualdad, eliminar toda discriminación y restaurar el honor y la dignidad que se les debe a quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura».
El proyecto del gobierno fue admitido a trámite al ser rechazados la enmienda de devolución del texto presentada por el opositor Partido Popular (PP, derecha), pero también los textos alternativos de los aliados del gobierno en el Parlamento, Izquierda Unida – Verts (ICV, ecolo-comunistas) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, independentistas).
El PP consideró que esta ley «es un torpedo contra la línea de flotación de la democracia», además de «innecesaria e irrelevante jurídicamente».
El diputado conservador Manuel Atencia acusó al gobierno de querer imponer «una memoria única y oficial», de hacer «revisionismo de nuestra historia» y de «utilizar el pasado como arma política».
«La mejor memoria que tienen los españoles es la transición y la Constitución (de 1978) que encarnó el abrazo de todos y para todos», afirmó el legislador derechista que pidió la retirada de la ley.
El texto del gobierno garantiza la rehabilitación del «honor y la dignidad de las víctimas mediante una declaración que proclama la injusticia del castigo, es decir su inocencia» y asegura que el Estado «articulará procedimientos» para «facilitar el derecho» de los familiares a «localizar, identificar y recuperar los restos de sus parientes».
La norma, que empezará a ser discutida en febrero, mejora las prestaciones sociales y asistenciales para víctimas y familiares, entre otras medidas concretas, pero el mayor punto de desencuentro entre el PSOE y sus socios de izquierda fueron los juicios sumarios del franquismo que desembocaron en la ejecución de unos 50.000 republicanos y que los socialistas se niegan a anular.