Como era lógico y de esperar, el tema de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala iba a provocar reacciones encontradas y rechazos que en algunos casos evidencian tener algún fundamento en términos de preservar nuestro ordenamiento legal y la primacía constitucional. Ese tipo de objeciones obligará a un análisis profundo de los términos del convenio suscrito con Naciones Unidas, para evitar posibles inconstitucionalidades que hagan fracasar el esfuerzo por dotar al país de un instrumento que ayude a la investigación para terminar con la impunidad en casos específicos.
Nosotros sostenemos que la prioridad es combatir la impunidad y que si existen problemas de implementación de la CICIG, es preciso buscarle solución a los mismos. Lo que no nos parece correcto es que pretextando ahora el concepto de soberanía del país se haga oposición a un acuerdo con Naciones Unidas para beneficiar al país con apoyo en materia de investigación que sirva de soporte al Ministerio Público. Es función propia de la ONU brindar ese tipo de asistencia a los países miembros y por lo tanto no podemos considerar la Comisión como un entrometimiento en asuntos nacionales porque cabalmente Guatemala es signataria de la Carta de Naciones Unidas y por lo tanto tiene derechos y deberes en el marco de esa entidad multilateral y puede sacar provecho de asistencias como la planteada en este caso.
Obviamente los más afectados por la CICIG no darán nunca la cara y utilizarán cualquier clase de argumentos para objetar su funcionamiento porque saben que sin una Comisión con esas características podrán seguir gozando de impunidad como hasta la fecha y que perderían muchos de sus poderes fácticos en el momento en que la cooperación internacional facilitara investigaciones en Guatemala.
La alternativa a la implementación de nuestros propios modelos de investigación y de combate a la impunidad es verdaderamente grave para la soberanía del país porque ya estamos viendo cómo desde España se deciden acciones de administración de justicia fundamentadas básicamente en el régimen de impunidad existente en el país. El mejor camino para impedir la intromisión judicial de otros países en el nuestro es entendiendo que debemos poner en marcha el aparato de la justicia para deducir aquí responsabilidades a los culpables de delitos graves.
Y no deja de ser paradoja que el tema de la soberanía sirva ahora para objetar algo que tiene fundamento en el derecho internacional mientras que nada se dijo de aquellos acuerdos bilaterales que Guatemala hizo con países para buscar asesoría en el campo de la represión que dejó muchas secuelas, entre ellas el tema mismo de la impunidad que está en íntima relación con la participación de extranjeros que en calidad de asesores no sólo entrenaron a las fuerzas de seguridad, sino que también ayudaron a crear un marco legal que permitiera al Estado garantizarle a sus agentes una inmunidad que sólo cabía alentando la impunidad.