Una vez fue el pilar fundamental de los programas sociales coordinados por la primera dama, Sandra Torres; ahora, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) retoma la imagen que tuvo en las anteriores administraciones de Gobierno, al frente de la descentralización del poder gubernamental.
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La SCEP, que fue la principal ejecutora de los programas del Consejo de Cohesión Social, retoma como prioridad las funciones de asistir al Presidente y coordinar los consejos de desarrollo.
La sentencia de la Corte de Constitucionalidad sobre la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley del Organismo Ejecutivo que le conferían a la SCEP funciones propias de un ministerio fueron definitorias para frenar la responsabilidad de ejecutar programas sociales.
De esa cuenta, las prioridades de la Secretaría se enmarcan nuevamente en las políticas estatales de descentralización y respaldo de los consejos de desarrollo regionales, y de su conferencia nacional.
Rodolfo Flores, director de Comunicación de la SCEP, explica que dentro de sus funciones prioritarias está la coordinación de consejos de desarrollo a nivel departamental, municipal y comunitario, además del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.
RESPETO
De acuerdo con Mario Fuentes Destarac, director del Cedecon, el Gobierno debe ser respetuoso de la firme resolución que estableció la Corte de Constitucionalidad, sobre las funciones de la SCEP.
«La única función que puede tener es la de dar auxilio y apoyo al Presidente de la República; no puede ser un órgano que se encargue del despacho de los negocios del Ejecutivo, ya que esa es una función específica de los ministerios», explicó Destarac, en coincidencia con la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
«El nombre de «Ejecutiva» es una contradicción», refirió el director del Cedecon, ya que la función de ejecutar programas es propia de los ministerios de Estado.
PROTAGONISMO
Para la analista Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el papel que desarrolle la SCEP en el marco de la descentralización del poder gubernamental será importante en los próximos años.
Según Zelaya, las políticas de descentralización cobran relevancia al tiempo que se busca implementar el fortalecimiento de la organización gubernamental local y restituir el poder a las municipalidades y organizaciones sociales de la provincia.
«(La descentralización) es un reto de mediano plazo que tendrá una gran repercusión en la democracia del país».
«Si la SCEP focaliza su atención y recupera su interés en el tema, para tratar de actualizar los lineamientos de políticas de descentralización cumpliría con una atribución importante que no la tiene delegada otra entidad», puntualiza la analista.
El Centro para la Defensa de la Constitución de Guatemala (Cedecon) presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley del Organismo Ejecutivo, los cuales conferían a la SCEP atribuciones propias de un ministerio.
La Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia definitiva el pasado 28 de enero, en la que determinó inconstitucionales los artículos 8, en el párrafo segundo, y artículo 11, inciso d, del decreto 114-97, en tanto que estos violaban los artículos 152, 166, 182 y 193 de la Constitución.
En la administración del presidente ílvaro Colom, la SCEP cobró relevancia como brazo ejecutor del programa de transferencias condicionadas, Mi Familia Progresa, así como de escuelas y centros de salud, a cargo del Consejo de Cohesión Social.
Luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, para limitar la capacidad de ejecución de la SCEP, Colom indicó que el Gobierno tendría varios planes para enfrentar tal situación.
De esa forma, se crearon los fideicomisos en las carteras de Educación y Comunicaciones para unificar los fondos que serían destinados a los programas sociales que coordina la primera dama, Sandra Torres.