Expertos en el derecho laboral, al referirse al tema de los emplazamientos y la forma en que los policí­as destituidos por actos ilí­citos logran la orden de restitución en sus plazas, nos indican que existe una combinación de factores que impiden la efectiva depuración de la PNC. Por un lado, dicen, es cierto que los jueces ordenan la reinstalación de los agentes destituidos porque en el caso de las dependencias del Estado muchos de los administradores de justicia dictan casi de oficio ese tipo de resoluciones, cosa que no ocurre igual con las empresas privadas sometidas al emplazamiento que, para ser precisos, tiene la finalidad especí­fica de proteger a los trabajadores que han planteado algún conflicto laboral, evitando así­ las represalias del empleador.

Y el otro factor que complica las cosas es que las autoridades no realizan los despidos de acuerdo con los procedimientos que deben seguirse cuando las entidades están emplazadas. En efecto, según la ley, los despidos se pueden hacer pero tienen que basarse en una autorización previa del juez; lo único que el empleador tiene que probar es que el despido no se produce como un acto de represalia ni para afectar el movimiento de los trabajadores y el juez debe tomar su decisión con base en esa valoración exacta.

Creemos que es importante, en tal perspectiva, que tanto las autoridades judiciales como las que administran entidades sometidas a emplazamiento, entiendan a cabalidad la figura y procedan conforme al espí­ritu de la misma. En otras palabras, el emplazamiento no debe ser un obstáculo para la depuración de una entidad como la Policí­a Nacional Civil y aun existiendo esa medida precautoria para protección de los trabajadores, se puede realizar un despido justificado si se agotan los procedimientos y los mecanismos. Ideal serí­a que existiera una adecuada comunicación entre las autoridades judiciales y del ejecutivo para evitar ese enredo que al final de cuentas afecta a toda la población, lo cual no quiere decir que estemos abogando por una componenda que pase sobre la normativa legal, sino que precisamente alcanzar mediante claridad al entender la figura del emplazamiento, la posibilidad de proceder en contra de malos elementos que hacen daño no sólo a una institución sino a la población misma.

Es fundamental que exista un proceso de depuración porque requerimos de una fuerza pública que sea absolutamente confiable en la lucha contra las distintas manifestaciones del crimen. Tiempo va siendo que se evalúe la conveniencia de seguir aplicando parches para depurar una institución que desde que recurrió al reciclaje de sus elementos se condenó a arrastrar los mismos vicios que caracterizaron su pasado. A lo mejor necesitamos de una visión distinta respecto al tema de la seguridad ciudadana con la idea de crear un cuerpo novedoso, más profesional y eficiente, que no tenga sus cimientos en la desaparecida Policí­a Nacional de tan ingratos recuerdos.