Ciertamente el Reglamento invita a la fiscalización de la sociedad a partir de la publicación de la lista de los abogados que presentaron su papelerí­a para que quien tenga algo que cuestionar pueda hacerlo, pero en absoluto no hay posibilidad de fiscalizar el proceso porque todo lo que se haga, incluyendo el trámite que den a las impugnaciones, será parte de esa reserva consignada expresamente por el Reglamento que impide aun a los más honestos miembros de la Comisión, hablar de la forma en que se tramitó el expediente.

Es importante saber que a pesar de los candados que le están imponiendo al proceso, pocas veces como hoy existe tanta convicción de lo importante de la conformación de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. Posiblemente ello sea consecuencia de que el tema de la impunidad ha sido puesto en el tapete y se ha ejemplificado de manera más que categórica con el tratamiento que los tribunales y fiscales han dado a las investigaciones en casos puntuales como el encubrimiento criminal realizado desde el mismo Ministerio Público en casos paradigmáticos de delitos contra la vida, y el desfalco al Estado tras haber utilizado al Ministerio de la Defensa y el presupuesto de gastos militares como la caja chica de altos mandos y de polí­ticos que se enriquecieron con dinero que proviene de las contribuciones fiscales de la población.

Por supuesto que esa clarí­sima evidencia de que nos jugamos mucho con el proceso de postulación y posterior elección no pasa inadvertida para los polí­ticos del paí­s y cabalmente porque la entienden es que hay ahora también tanto interés de su parte por mantener controlado el proceso a fin de no perder el control que han ejercido sobre el aparato judicial del paí­s que les ha apañado en todas sus acciones. El mismo Organismo Ejecutivo adoptó la postura cí­nica de pactar con los grupos más tenebrosos para asegurarse los votos a favor de su mal llamada reforma fiscal a cambio de que esas pandillas puedan tener el control del poder judicial mediante la integración de Salas y una Corte que responda cabalmente al compromiso de asegurar, a como dé lugar, la impunidad para quienes sienten ya la espada de Damocles sobre la cabeza.

De la Corte actual no podí­a esperarse nada diferente y al ponerle la tapa al pomo, como decí­a el bien recordado doctor Humberto Arias Tejada, no hizo sino ratificar la vocación y tendencia que mostró durante todo su perí­odo y que culminó con el juego de intereses relacionado, cabalmente con la integración de la nueva Corte, que impidió la elección de Presidente a lo largo de este último año del perí­odo.