A tres cuestiones me voy a referir en esta oportunidad. Una tiene que ver con el sistema de gobierno; otra, con el sistema de partidos; y, la tercera, con el de votaciones. Son, según como yo veo las cosas, el engranaje en que deberí­a sustentarse la democracia y que -de entrada hay que decirlo- está muy lejos de que en nuestro medio sea así­.

El Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, en una de sus acepciones define la democracia como “la doctrina polí­tica favorable a la intervención del pueblo en el Gobierno”. Tal definición resume un propósito. Para nuestro caso, es algo que en la práctica no se da.
    
     “El lenguaje polí­tico, dice el expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja, está lleno de ambigí¼edades y subjetivismos. Muchas de las palabras usuales en la polí­tica –agrega- tienen más de un significado y presentan, por lo mismo, dificultades de definición”.
    
     En nuestro paí­s, según la Constitución Polí­tica vigente, “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano; su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo; el poder proviene del pueblo y ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o polí­tica, puede arrogarse su ejercicio”.
    
     De lo así­ definido se deduce que la democracia se concreta en el sistema de gobierno, el ejercicio del poder público y la participación del pueblo. Doctrinaria, constitucionalmente y en la práctica es lo que se quisiera que la democracia fuera, pero por lo que la historia enseña y la experiencia confirma, esto no es así­.
    
     En nuestro caso, lo institucionalizado y legitimado por el constituyente, en la práctica, son esos “derechos aparentes” en que se sustentan “las democracias representativas” y que no son sino esos “regí­menes socarrones”, a decir de Borja,  plagados de “libertades ilusorias”. (Enciclopedia Polí­tica, Segunda edición, corregida y aumentada, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, página 216).
    
     Aunque si bien es cierto que como propósito procede hablar de la perfectibilidad de la democracia y verla como un proceso que tienda a afianzarse, ampliar y consolidar, lo cierto es que en Guatemala las cosas marchan al revés. Mejor dicho, en sentido contrario.
    
     En efecto, en lugar de institucionalizar un sistema democrático perfectible, conforme ha ido pasando el tiempo, lo institucionalizado y legitimado por el constituyente tiende a agotarse y su agotamiento y caducidad está en la precariedad de los fundamentos doctrinarios y jurí­dicos en que se asienta, la imposibilidad de interpretar la realidad en su desarrollo y continuidad, cambios y transformaciones, además de los vicios de origen, naturaleza y carácter en que se sustenta. Tan es así­ que a estas alturas no se incurre en exageración alguna al hablar de la fase terminal en que se encuentra el llamado sistema democrático instaurado a partir de 1956 y reproducido en 1965 y 1985.
    
     Por su parte, el sistema de partidos y de votaciones es un sistema igualmente agotado, no corresponde a la realidad actual y a las condiciones y situación nacional y de otros paí­ses. Ni en el pasado ni ahora el sistema de partidos y de votaciones ha viabilizado la institucionalización de una democracia real, funcional y participativa, además de protagónica, que son los rasgos y caracterí­sticas en que se asientan los sistemas democráticos de gobierno más avanzados de comienzos del siglo XXI en varios paí­ses de América del Sur.
    
     Para el caso de Guatemala, el sistema de gobierno y de partidos y votaciones se ha institucionalizado a conveniencia e interés de las élites oligárquicas y patronales locales y para lo único que ha servido es para perpetuar y reproducir, cada cuatro años, una sucesión gubernamental que nada se diferencia de la que le antecede y de la que le habrá de suceder.
    
     Los resultados de las últimas seis votaciones y los partidos “en contienda” en nada garantizan la alternabilidad gubernamental. Por el contrario, a lo que dan paso es a una sucesión en que lo común son los mismos intereses de clase que cada uno representa y cuyas “contradicciones” que, en algunos momentos parecen más agudas que en otros, en nada alteran el poder real que tienen, usurpan y detentan los potentados de siempre.
    
     De ahí­ que con las votaciones de septiembre, nada vaya a cambiar. Sin embargo, el voto ciudadano, social y popular podrí­a marcar la diferencia y dar paso al comienzo del fin de una institucionalidad y un sistema de partidos y votaciones que ya no da para más. http://ricardo rosalesroman.blogspot.com/