Al menos 20 mil agentes de seguridad privada podrían quedarse sin empleo en el país debido a la vigencia, a partir del pasado miércoles, de una ley de armas que prohíbe su uso a personas menores de 25 años.
«Ya planteamos el problema a la Comisión de Gobernación del Congreso y con algunas otras autoridades, y se les explicó que, de quedar así la ley, entre 15 mil y 20 mil trabajadores que no tienen 25 años van a tener que quedar desempleados», afirmó el presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad, Carlos Maldonado.
«Esto sería un problema de tipo social, por la cantidad de gente que quedaría en la calle, esto no tiene nada qué ver con la inseguridad y la ineptitud del Estado», afirmó Maldonado.
El dirigente empresarial adelantó que impugnará la Ley de Armas y Municiones, que entró en vigor el 29 de abril último, porque eliminó una excepción que contenía la anterior ley, y que permitía a las empresas de seguridad privadas que los menores de 25 años pudieran portar armas por motivos de trabajo.
«Estábamos enmarcados legalmente en una excepción que hacía la anterior ley. No estamos en contra de la nueva, es más, la consideramos muy buena, pero este punto hay que corregirlo, expuso el presidente del grupo, que aglutina a 144 empresas.
La nueva normativa, que impone hasta ocho años de cárcel inconmutables por portar armas de fuego, prohíbe a los menores de 25 años portar armas de fuego, con excepción de los miembros de los cuerpos estatales de policía.