Para ese frente es crucial la conformación del sistema de justicia porque a los que resulten electos les corresponderá juzgar a Portillo con base en las acusaciones que pesan en su contra y es obvio que el Gobierno, acorralado por la falta de recursos, negoció con el FRG, la UCN el PAN y la Gana para buscar los votos necesarios a fin de aprobar los impuestos y los bonos, a cambio de impedir la aprobación de una ley que ayude a buscar transparencia en el proceso de postulación.

Dicho esto, hay que señalar que la población guatemalteca debe entender que ni siquiera con esa ley reguladora de las comisiones de postulación se garantizaba la integración de una Corte Suprema de Justicia confiable desde el punto de vista ético ni de Salas de Apelaciones comprometidas con el estado de derecho en el paí­s. La lucha por revertir la tendencia a que los poderes ocultos controlen el sistema de administración de justicia es tarea de todos y, por supuesto, constituye un reto que nos va a demandar redoblados esfuerzos durante muchos años, porque siempre habrá resquicios por los que se pueden colar los encargados de asegurar el régimen de impunidad en el paí­s.

No creo que los problemas estructurales de tanta envergadura y que tienen que ver con una larga tradición de sometimiento a las distintas formas del crimen organizado se puedan superar de la noche a la mañana ni por la aprobación de un simple decreto. Esos problemas únicamente se pueden resolver con una participación constante de la sociedad en el ejercicio de su función de control del ejercicio del poder y para ello los grupos de presión legí­timamente estructurados y que operan cabalmente en busca del fortalecimiento del sistema de justicia, tienen que cerrar filas para impulsar acciones de los grupos sociales a efecto de poner en la picota a los que conspiran para detener el avance de la lucha contra la impunidad.

Por supuesto que la decisión de las bancadas que torpedearon la ley que habí­a propuesto la diputada Montenegro es un revés importante, pero no lo debemos ver como una derrota sino como el desafí­o para que encontremos otros mecanismos de fiscalización y control. Lo importante es que unamos esfuerzos para obligar a un proceso de integración de nuestros altos tribunales más transparente y digno, que nos permita confiar en que la administración de justicia estará basada en la sana y correcta aplicación de la ley y no en oscuros intereses.

Los ciudadanos tenemos que entender que lo que está en juego es la posibilidad de vivir en paz, puesto que mientras persista la impunidad en beneficio de quienes dirigen el crimen organizado, la misma beneficiará a toda clase de delincuentes y será imposible garantizar la seguridad ciudadana porque la falta de aplicación de la ley es el mayor estí­mulo para la proliferación de los crí­menes contra la vida.