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El hambre, la miseria, los vací­os de la educación, las enfermedades, el desempleo, la inseguridad personal y patrimonial, entre otros problemas que afectan a la población, han provocado descontento bastante generalizado en el seno de la sociedad que vive en tremenda zozobra.

Toda esa situación viene de mucho tiempo atrás. La gente que ha estado en las cimas del poder público no ha prestado toda la atención a esa problemática.

Los señores que han jugado y siguen jugando como con dados cargados a la politiquerí­a partidista, que dicho sea de paso está a larga distancia de la verdadera polí­tica que se necesita para mejorar el Estado con la expresión de la genuina democracia, se han dedicado, más que todo, a dar rienda suelta a la vanidad que da el mando y a medrar y más medrar mediante el saqueo de las arcas nacionales.

Desdichadamente, no hay un fuerte movimiento popular capaz de frenar lo que hacen a sabor y antojo, con derroche de impunidad, los politiqueros organizados en grupos que sólo apuntan a las jugosas posiciones burocráticas.

En la actualidad, lo que más preocupa e indigna a los guatemaltecos es la violencia anegada con lágrimas de sangre de hombres, mujeres y niños, incluso inocentes. Esa violencia ya no debe seguir tratándose con meros parchecitos porosos, sino con drásticas medidas orientadas a lograr el imperio de la seguridad de las personas y sus bienes.

Quienes trajinan en una forma u otra en las inmundas charcas de la criminalidad y de la delincuencia en general deberí­an o deben recibir las retopadas de la autoridad constituida conforme a la ley.

Hay mucha gente que está abogando por que se vuelva a aplicar la pena de muerte a las criaturas siniestras que, oponiéndose a dicha pena impuesta en todas las instancias por los funcionarios encargados de administrar la justicia, no tienen empacho (¡oh paradoja!) en ponerla en práctica (la pena de muerte) a cada rato en las calles, en los caminos o veredas, en los domicilios, en los autobuses, en los automóviles, en los bares y restaurantes, en cualquier sitio, lo que parece ser un desafí­o a los elementos que prestan sus servicios en las fuerzas de seguridad, civiles y militares.

En diversos corrillos se comentan los famosos derechos humanos que fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas. Quizá se pensó en los paí­ses donde prevalecen el orden, la tranquilidad, la seguridad, la buena cultura, la democracia en todas sus esencias, el respeto al valor de la vida con expresión de amor cristiano y patriótico, pero, infortunadamente, muchas veces esos derechos se retuercen y por lo regular sólo favorecen a los individuos que no se tientan el alma para cometer tamañas atrocidades: asaltos, secuestros, torturas, extorsiones, asesinatos, etcétera.

Hay un clamor estentóreo por que las autoridades actúen, en el marco de la ley y de la justicia, con mano dura contra los pí­caros que, conociendo la flojera y también los actos de corrupción de algunos jueces y de otros burócratas de los tribunales, perpetran los peores crí­menes que suscitan dolor, luto, lágrimas e indignación en los hogares. Eso y mucho más no honra a un Estado de Derecho.

Pues…, como dice el empobrecido y frustrado Juan Pueblo: ¡al ataque!… Sin vacilación hay que apretar tuercas donde deben apretarse, sin apartarse de la justicia ni de la ley contra los malos guatemaltecos que están jugando con fuego, que utilizan armas de todo calibre para asesinar con sádica fruición a sus semejantes con propósitos de robo, de venganzas personales y de toda í­ndole.

¡Ya, pero ya! deberí­a el gobierno del ingeniero ílvaro Colom mandar al diablo el convenio que en mala hora fue suscrito en Costa Rica para abolir la pena de muerte. Una decisión en tal sentido la aplaudirí­a todo un pueblo que está harto de tantos crí­menes de lesa humanidad que se cometen a diario en este paí­s, ¡dizque de la eterna? primavera!!!