El largo fin de semana iniciado con el festivo del Día del Trabajo y el periodo de reflexión que impera desde los albores del viernes, han dejado a la capital panameña casi vacía y en un inusual silencio.
Sólo algunos vehículos con las banderas o los colores de los partidos en liza, así como los miles de carteles que cuelgan de postes de la luz, farolas, o vallas publicitarias, con las caras sonrientes de los candidatos, recordaban a los escasos transeúntes las elecciones del domingo.
«Esperamos que se viva la fiesta electoral y que los partidos pidan a su gente que haya tolerancia y respeto» después de la tensa y larga campaña electoral -casi dos años- que han soportado los panameños, dijo Marco Antonio Cohen Neira, uno de los 548 delegados electorales que el domingo velarán en los 2.382 centros de votación por que todo funcione con normalidad.
Otros 53 observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y unos 70 de instituciones latinoamericanas velarán también por la transparencia de estos comicios, en los que los 10 mil reclusos del país podrán votar por primera vez en las mesas especialmente habilitadas en 18 cárceles del país.
Más de 2,2 millones de electores, de los que 43% tienen entre 18 y 35 años, están convocados a partir de las 07H00 (12H00 GMT) para elegir a 1.594 cargos, además del presidente y vicepresidente, también renovarán los 71 escaños del Congreso, los 20 del Parlamento Centroamericano que corresponden a Panamá, a 75 alcaldes y 650 concejales.
La llave del resultado la tendrá la capital y las populosas localidades que la rodean, como la Chorrera, Arraján y San Miguelito, donde se encuentra la mitad de los votantes del país del Canal, de 3,3 millones de habitantes, de los cuales 28% vive en la pobreza.
El Tribunal Electoral, muy criticado por una serie de polémicas decisiones que ha tomado no siempre en estricta observancia del reglamento, podría empezar a ofrecer los primeros resultados una hora y media después del cierre de los colegios, previsto para las 16H00 (21H00 GMT), dijo su portavoz Humberto Castillo.
Las encuestas dan a Martinelli, en su segundo intento por llegar a la presidencia, una ventaja entre 11 y 16 puntos sobre su rival del Partido Revolucionario Democrático (PRD) la principal fuerza política del país, actualmente en el gobierno con Martín Torrijos.
Pese a la bonanza económica del país, que ha crecido en los últimos tres años una media de 9,7% y será de los pocos que en el continente que este año seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor -entre 3 y 5%- los panameños se inclinarían por el «verdadero cambio» que propone el aspirante de la Alianza por el Cambio, que aglutina a cuatro partidos de derecha, incluido el suyo.
Las propuestas de ambos candidatos no difieren mucho, lo que sí cambiará será «su implementación», dijo a la AFP Aram Cisneros, uno de los asesores de Martinelli.
Sin embargo, la candidata oficialista, ingeniera agrónoma Balbina Herrera, ha prometido meter presos a los especuladores «porque todos tenemos derecho a disfrutar de las mismas oportunidades» y repartir la riqueza.
La ampliación del Canal, la vía de 80 km que une los océanos Pacífico y Atlántico por el que transitaron el pasado año más de 14.700 barcos, un 5% del comercio internacional, seguirá siendo el principal motor de la economía panameña, independientemente de quién resulte ganador.
No en vano, alrededor de las obras de ampliación -por 5.250 millones de dólares- gravitan la construcción inmobiliaria -que el pasado año creció más de 30%- los servicios marítimos, portuarios y financieros, las telecomunicaciones y el turismo que han contribuido al «milagro económico» en Panamá.
Los panameños se despertarán el lunes con un nuevo Presidente que puede ser un multimillonario de derecha, Ricardo Martinelli, o una socialdemócrata de orígenes humildes, Balbina Herrera, pero el símbolo indiscutible de Panamá, su Canal, por el que transita 5% del comercio mundial, seguirá siendo el motor de su economía, pese a la crisis.
«La ampliación del Canal de Panamá es prioritaria para el desarrollo del país y para el comercio internacional», aseguró a la prensa extranjera Martinelli, favorito en las encuestas.
Iniciada hace poco más de dos años, la ampliación del Canal avanza según el cronograma previsto, pese a la crisis internacional que ha reducido el paso de buques por las instalaciones construidas por Estados Unidos en 1904, a lo largo de 80 kilómetros entre los océanos Atlántico y Pacífico.
En el año fiscal que concluyó en septiembre del pasado año, el trasiego de barcos disminuyó un 12,9%, aunque los ingresos totales aumentaron un 14% gracias, sobre todo, a los peajes, que suben cada año gradualmente para financiar la ampliación con la construcción de un tercer juego de esclusas que costará 5.250 millones de dólares.
La actividad del Canal repercute directamente en las arcas públicas. El Canal aportó el año pasado 700 millones de dólares al Estado panameño, que desde que fue devuelto por Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999 ha ingresado más de 3.900 millones -casi 3.000 millones en la actual administración de Martín Torrijos- y emplea a 9.500 personas.
Para poner en perspectiva esta recaudación, durante los 96 años de control estadounidense, los panameños recibieron solamente 1.500 millones de dólares por la explotación del Canal.
El Canal de Panamá es y será durante los próximos 10 años el motor de la inversión pública, dicen los analistas.
A los 5.250 millones que costará la ampliación, que permitirá a partir de 2014 el paso de los grandes barcos de contenedores del tipo post Panamax, hay que sumar las inversiones que se derivarán de su construcción, sobre todo, en el sector inmobiliario, que el año pasado creció un 30,5% (el 90% en la capital), en el turismo y en el resto de los servicios.
Después de haber crecido una media de 9,7% en los últimos tres años, se espera que la economía panameña crezca en 2009 entre 3 y 5%.
Sin embargo, la crisis ha empezado a influir sobre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo que lo administra, y que hasta ahora se había resistido a atender las peticiones de los transportistas mundiales para moderar la subida de peajes destinada a financiar la ampliación, para la que sólo necesitará 2.300 millones en financiación externa.
Hace unos días anunció una serie de medidas para flexibilizar las draconianas condiciones que tienen que cumplir los barcos que quieren evitar dar la vuelta a Sudamérica para alcanzar el otro océano.
A partir del 1 de junio, bajarán temporalmente los peajes en algunos casos y hará más flexible el sistema de reservas «para demostrar sensibilidad con las necesidades de los clientes durante estos tiempos inciertos».
El pasado año, los barcos tardaban promedialmente 31,5 horas en pasar de océano a océano.