«Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas»….bastará la previa notificación de los organizadores ante autoridad competente»
Artículo 33 Constitución política de la República de Guatemala
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Las protestas callejeras ante las  decisiones tomadas por las autoridades y por las que los ciudadanos se ven afectados    continúan en el país.
Esta semana la policía se dedicó a perseguir a los motorizados que se oponen a  la normativa declarada por el Ministerio de Gobernación para  prohibir  que dos o más personas viajen en una moto. Por supuesto en la vigilancia de la seguridad   de la reputación del gobierno antes que en la verdadera seguridad social del pueblo.
Porque  de ser así  no veríamos  verdaderos espectáculos de malabarismo, fuerza y resistencia al pasar los autobuses con los hombres colgando  ya no sólo de las puertas trasera y delantera sino del frente del transporte, incluso ante los policías de EMETRA y las patrullas de la PNC, sin que ni unos ni otros  detengan el transporte y les obliguen a bajar, con la posterior amonestación y multa si fuere necesario a los conductores, por la irresponsabilidad ante la vida de sus pasajeros.
 El irrespeto a las normas de circulación y a la vida misma es cada día mayor. Por eso los accidentes van en aumento. Los conductores cruzan en sitios prohibidos, pasan con semáforo en rojo,  transitan en dirección contraria a la vía establecida; conducen a altas velocidades, rebasan sobre la derecha, en curva y sin medir los riesgos y todavía insultan a los peatones cuando no les dan paso para que transiten sobre las aceras.
La existencia de conductores de todo tipo de vehículo, sin licencia es muy alta, y más aún la de los que poseyéndola no conocen ni respetan las normas de tránsito, porque  no les da la gana, nunca las aprendieron o compraron la licencia. Algo en lo que las autoridades parecería no están interesadas en verificar, porque no les proporciona beneficios políticos aunque además de ser su obligación, representa la salvaguarda de vidas del pueblo que los eligió para gobernar, según indica la Constitución de la República en su artículo 1: El Estado se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
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Y que hay de las manifestaciones en Huehuetenango  nuevamente por malas decisiones tomadas por las autoridades,  y que ahora lejos de buscar solución al conflicto, se establece un estado de Prevención que llevó ya a la violación de los derechos de los  niños al poner en riesgo su vida por los gases tirados por las fuerzas de seguridad contra las puertas de su escuela, a más del riesgo ya producido por los inmensos volcanes de basura fétida que cubren las calles