Cambiar la lógica que en los últimos 20 años ha predominado la estrategia de desarrollo rural en Guatemala, es lo que busca la propuesta de institucionalidad y polí­ticas públicas para la promoción de la agricultura campesina, hecha por varias organizaciones sociales.

El Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (Idear) y la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop), dieron a conocer recientemente un modelo de desarrollo que busca confrontar las polí­ticas de reajuste estructural y sectorial, que implí­citamente desplazan a las y los campesinos, contra uno que priorice la provisión de alimentos sanos y nutritivos a la población nacional.

Alberto Alonso, investigador del Idear, y uno de los coordinadores del documento, dijo que uno de los enfoques principales de la misma es la soberaní­a alimentaria, es decir, el derecho de todos los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente accesibles.

Los otros dos enfoques considerados relevantes son: el desarrollo endógeno sostenible y el desarrollo desde el territorio.

Según Alonso, muchos de los lineamientos que se incluyen en el documento, forman parte de la iniciativa de ley que ha hecho la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), para el desarrollo rural, que es mucho más amplia, la cual se está a la espera para que el presidente de la República, ílvaro Colom, la entregue al Legislativo.

SISTEMAS BíSICOS

De acuerdo con la propuesta de Idear y Congcoop, en materia agropecuaria y de desarrollo rural existen tres polí­ticas que no deben dejarse de lado. Una de ellas tiene que ver con el sistema de polí­ticas agrarias y al acceso a la tierra, la administración de tierras y la solución de conflictividad agraria, la cual debiera basarse en la creación de un código procesal sustantivo agrario.

El segundo sistema consiste en las polí­ticas comerciales agrí­colas internas, las cuales han sido abandonadas, y la externa, que a criterio de Alonso, nunca han existido.

«Desde la época de Bernardo López, en la titularidad del Maga (2006) no ha existido una intencionalidad en las negociaciones agrí­colas comerciales internacionales y desde la época del Instituto de Comercialización Agrí­cola (Indeca), tampoco se ha atendido a la producción doméstica», informó Alonso.

A criterio de Alonso, se deben considerar las posibilidades de aplicar tal propuesta, por lo que el punto de partida fundamental es la puesta en práctica de la polí­tica de desarrollo rural consensuada, entre el Ejecutivo y organizaciones sociales.