La tarea de facilitar ese acceso a la información se ha recargado en buena parte en la Procuradurí­a de los Derechos Humanos y los más interesados en su aplicación parecen ser los medios de comunicación que NO son pro gubernamentales. Sin embargo, aunque lo vaticiné hace varios dí­as sobre la inoperancia de la ley, a pocas  horas de su entrada en vigencia ya empieza a salir el lodo con el que fue llenado lo que parecí­a un suculento pastel. Someramente paso a señalar por qué no va a funcionar.

La misma ley ya trae consigo las limitaciones para ser una carabina de Ambrosio. Uno, las instituciones públicas tendrán plazos para dar la información, los cuales serán de hule o sea que de una u otra manera se alargarán como ocurre con los procesos judiciales; dos, un funcionario que no entregue la información requerida se le impondrá la «extraordinaria» pena máxima de prisión de tres años (conmutables por supuesto) mas una multa de Q10,000 a Q50,000, tres; por el contrario, si un funcionario da información «catalogada» como confidencial, se le castigará con prisión de cinco a ocho años (inconmutables) y multa de Q100,000, lo cual quiere decir que todo funcionario que NO QUIERA SOLTAR INFORMACIí“N QUE LO PERJUDIQUE A í‰L O SUS CUATES, tendrá el argumento de que «no quiere pasar ocho años en prisión y pagar Q100,000 por dar informaciones «confidenciales», cuatro, la misma ley exceptúa de esas informaciones (que por supuesto son de las que más interesan) aquellas consideradas «secretas» o dadas bajo garantí­a de confidencia….

 Pero aún hay más. Ya el mismo presidente Colom dijo que no se darán los datos sobre los cientos de millones de quetzales que gasta Cohesión, Social; el Presidente de la Corte Suprema ya dijo ¡por supuesto!, que analizan si dan información sobre sueldos viáticos, bonos, viajes y otras prebendas de que gozan los magistrados de esa Corte y altos funcionarios del OJ, para garantizar su «integridad fí­sica», lo que implica que estamos hablando de sumas cuantiosas al igual que los Q300.00 que entregan mensualmente a familias pobres y que Cohesión Social no da nombres ni direcciones para evitar -según palabras de uno de los tantos voceros gubernamentales-, que sean objeto de «un secuestro o extorsión»Â Â¡Pu…chicas! y ¡vóytelas!; para seguirla fregando un ilustre y desconocido abogado ya planteó un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, apenas CUATRO MINUTOS DESPUí‰S DE ENTRAR en vigor, aquí­ hay dos preguntas básicas ¿quién o quienes serán los «padrinos» de este abogado? y ¿cómo resolverán los «honorables» magistrados de la Corte de Constitucionalidad que al igual que sus colegas de la otra Corte no querrán dar a conocer los miserables sueldos que ganan y las prebendas de que disfrutan?. Ya la Cancillerí­a adelantó que hay cierto tipo de información «reservada» es decir que no la darán, amparándose seguramente en el artí­culo constitucional que no permite revelar secretos de Estado en el orden diplomático y militar, fuera de algunas leyes ordinarias que también garantizan confidencialidad en las actuaciones de ciertos organismos y entidades (tributario, penal, bancario, etcétera). El abrir oficinas para que lleguen ciudadanos, periodistas y cualquier interesado alguna información se quedará chiflando en la loma antes de poder conseguirla, lo cual será el dí­a del juicio final.

   Pero de todo este montaje teatral de la ley de libre acceso a la información hay una cosa positiva que esperamos sirva a la Procuradurí­a de Derechos Humanos y al Ministerio Público para que actúen en contra de aquellas empresas y entidades, casi todas formadas por ex policí­as y gí¼izaches, que comercialice o distribuya por cualquier medio datos personales SIN AUTORIZACIí“N EXPRESA DE LA PERSONA, se le castigarán con prisión de cinco a ocho años y multa de Q50,000 a Q100,000 ¡Qué bien!

 doctor Morales y licenciado Velázquez, háganse la campaña pues, de realizar los primeros allanamientos y capturas en INFORNET Y TRANS UNION que comete estos delitos al igual que empresas dedicadas a «cobros» extrajudiciales y judiciales que intimidan, coaccionan, amenazan e injurian públicamente a personas individuales o jurí­dicas por deber una tarjeta de crédito o un crédito otorgado por un banco o un agiotista que para el efecto son la misma cosa. De un limón se puede hacer una limonada, terminando con estos monumentos «comerciales» a la indignidad humana. Hacer públicos errores humanos por deudas es una manera sofisticada de extorsionar a los ciudadanos.