Es un aforismo aceptado universalmente que hecha la ley, hecha la trampa y lo confirma la actitud de algunos funcionarios ante la Ley de Acceso a la Información que pretende abrir los archivos públicos para que los ciudadanos puedan conocer la forma en que gestiona la administración pública, pero que ha sido utilizada por algunos como parapeto para esconder información.
Uno de los casos más patéticos por burdo y torpe fue el de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral al negarse a dar declaraciones sobre una resolución de esa entidad con respecto a un comité pro formación de partido político. A pregunta de los reporteros sobre la resolución adoptada en el caso del comité para organizar el Partido Victoria, la licenciada Villagrán les dijo que fueran a la dependencia encargada del acceso a la información, llenaran su papelito y esperaran diez días para recibir la información pertinente.
En condiciones normales, cualquier funcionario explica a los reporteros las resoluciones adoptadas y ofrece declaraciones abundando en detalles, pero la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral usó la ley que abre el acceso a la información como una trampa para negarse a dar declaraciones a los periodistas, convirtiendo al instrumento legal en una especie de parapeto para impedir cabalmente el acceso a la información.
El otro caso es el de la Municipalidad de Guatemala, en donde se esgrime que la ley los obliga a restringir la información que data de más de treinta días. De esa cuenta los fideicomisos no se transparentan porque según el peregrino criterio, los datos que deben ser publicados son únicamente los más recientes. En otras palabras, los ciudadanos no tenemos derecho a saber lo que hicieron antes de la vigencia de esta ley y la misma se usa como parapeto para ocultar información que según la Constitución de la República es de dominio público, porque la carta magna establece que todos los actos de la administración son públicos, salvo lo militares y diplomáticos en temas relacionados con la seguridad y soberanía del país.
Ojalá se tratara de mala interpretación de la ley y los funcionarios corrijan al entender el torpe manejo que están haciendo de la normativa. Pero puede ser también que se trate de una mañosa interpretación con el fin deliberado de ocultar información y de poner valladares al ejercicio del derecho ciudadano a estar informado y, conociendo ciertos antecedentes de los funcionarios que esgrimieron tan pueriles argumentos, no puede descartarse que sea, en efecto, una manifestación más para corroborar el viejo dicho que nos afirma que no hay ley buena sin una trampa mejor para burlarla.