Los presos podrán votar por primera vez en Panamá en las elecciones generales del 3 de mayo, cuando más de 10.000 reclusos sufraguen junto a sus custodios en mesas especialmente habilitadas en 18 cárceles del país.
Más de 2,2 millones de panameños acudirán a las urnas ese día para elegir al nuevo mandatario que sustituya al presidente Martín Torrijos, a los 71 diputados del Congreso y a 20 miembros del Parlamento Centroamericano, además de 75 alcaldes y otros 630 representantes locales.
Pero por primera vez los reclusos podrán votar, tanto los que están en proceso como los que cumplen una condena, algo que hasta ahora sólo podían hacer los presos en Argentina, Puerto Rico y Costa Rica, dijeron funcionarios.
«El objetivo del Tribunal Electoral es permitirle cada vez más a los ciudadanos ejercer el sufragio al que tienen derecho», dijo el presidente del Tribunal, Erasmo Pinilla.
«Estamos atendiendo un clamor de la sociedad civil que además es justo», dijo a la AFP el vicepresidente del Tribunal, Eduardo Valdés Escoffery.
Esta medida beneficiará a más de 10.000 presos y a sus custodios, quienes podrán votar en 18 centros penitenciarios.
«Nosotros pensábamos que era posible manipular el voto de los detenidos, pero hicimos una encuesta y la mayoría salió diciendo que ellos sí podían votar libremente y eso nos abrió el panorama», dijo Valdés Escoffery.
El magistrado señaló que esta medida supone «muy poco coste adicional» y dijo que se intentó implementar en las anteriores elecciones, pero no recibió el apoyo del gobierno de la entonces presidenta Mireya Moscoso (1999-2004).
Las autoridades del gobierno de Moscoso se negaron «por los riesgos que consideraban que implicaba dentro de un área de máxima seguridad como son las cárceles», dijo.
«En la mayoría de las reclamaciones en las huelgas que he vivido dentro de la cárcel pedíamos que los gobernantes nos miraran y vieran que no somos desechos humanos, sino personas que en algún momento se reincorporarán a la sociedad», dijo a la AFP el ex recluso Javier Justiniani, quien estuvo en prisión de 1995 a 1999 por delitos relacionados con droga.
Justiniani, quien ahora es abogado y presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido, cree que esta medida permitirá al recluso «exigir también a quien aspira a la presidencia que las políticas de Estado lo tengan en cuenta» ya que son más de 10.000 votos además de los de sus familiares.
«Ya lo hubiera querido yo en mi época», dijo Justiniani al destacar que el derecho a voto es un primer paso hacia la rehabilitación social del reo.
Sin embargo, lamentó que como está prohibido el proselitismo en las cárceles, muchos presos no conocen los programas de los candidatos.
Las autoridades dicen que las medidas de seguridad se extremarán para que la votación en las cárceles se desarrolle con total normalidad.
En caso de que «hubiera situación de peligro, motín o violencia la mesa cierra y sale del centro», explicó a la AFP Tania Troyano, una responsable de la comisión de voto en los cárceles, hospitales y otros centros.
Si se cerraran las urnas por cualquier incidente en las cárceles, «como la mesa es autónoma los miembros de la mesa van a decidir si los votos emitidos hasta ese momento valen o no valen», agregó.
El recuento de votos se realizará en el colegio más cercano al centro penitenciario, explicaron los funcionarios.