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«Los procesos por narcotráfico en Estados Unidos no sustituyen a los (previstos bajo la ley) de Justicia y Paz» en Colombia, afirmó Frank Pearl en una entrevista telefónica, tras reunirse en el Europarlamento en Estrasburgo (Francia) con responsables de la Unión Europea.

Pearl se encuentra de gira por Europa junto a Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional para la Reparación de Ví­ctimas, para presentar los «progresos» en el proceso de desmovilización de paramilitares y guerrilleros y aunar apoyo de cara al Primer Congreso Internacional de Desarme del 4 al 6 de mayo en Cartagena (norte de Colombia).

Ante quienes aseguran que los juicios contra importantes narcotraficantes en Estados Unidos impedirán que salgan a la luz sus crí­menes cometidos como paramilitares, Pearl dijo que los «procesos en Colombia continúan».

Bogotá ha extraditado después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha), que culminó en 2006 con la entrega de armas de casi 32.000 combatientes, a una quincena de jefes para ser juzgados en Estados Unidos por narcotráfico.

Cuando estos individuos «estaban en Colombia, los de arriba querí­an callar a los de abajo y los de abajo tení­an miedo de hablar. La verdad la conocen los mandos medios. Ha habido más avances desde que se extraditaron que antes», afirmó Pearl.

El Alto Comisionado hizo un balance positivo del proceso que supervisa: «Se han desmovilizado a 34.000 paramilitares, actualmente se están investigando 22.000 hechos y 554 ex jefes han ofrecido sus versiones libres» de los delitos que habrí­an cometido, comentó.

Reconoció no obstante que si bien la ley de Justicia y Paz contempla el enjuiciamiento de quienes deciden entregar las armas, «no se les va a juzgar a todos, sólo a quienes hayan cometido crí­menes atroces», por los que cumplirán como máximo una pena de ocho años.

«Ningún paí­s tiene la capacidad de juzgar a todos» los que estuvieron implicados en un conflicto interno. «Se trata de encontrar un equilibrio entre la capacidad de justicia y la paz», agregó.

Paralelamente, Pearl admitió que el 8,5% de los desmovilizados han vuelto a «delinquir de alguna manera» y que actualmente «hay 2.400 dedicados al narcotráfico o bandas criminales».

Pero Pearl quiso ver el lado positivo del proceso de paz: Unos 22.000 desmovilizados, en su mayorí­a iletrados, están estudiando, y unos 30.000 hijos de ex paramilitares y guerrilleros están en el sistema educativo.

«Este es el cambio real, hemos incluido a la familia», defendió.

La ley de Justicia y Paz también atrajo a más de 12.000 guerrilleros desde 2002, con un incremento sustancial de las deserciones desde 2008.

«Esto significa que la estrategia militar funciona», aseguró el Alto Comisionado, enumerando las razones por las que los miembros de la guerrilla se ven tentados a reintegrarse en la sociedad: «presión militar, el hecho de que sienten que los ciudadanos ya no les apoyan y el saber que su familia les está esperando».

Después de una visita a Madrid el lunes, Pearl y Pizarro se entrevistaron en Estrasburgo con la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, y con uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, el español Alejo Vidal-Quadras.

Según Pearl, ambos interlocutores expresaron el apoyo europeo al proceso de paz en Colombia. La Unión Europea es uno de los principales contribuyentes al Congreso de Desarme, junto al Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos y de Holanda.

La cita de Cartagena, a la que asistirán a nivel polí­tico o técnico representantes de Guatemala, Suecia, Holanda, Noruega, Filipinas o Angola, servirá para compartir experiencias en los procesos de desarme en distintos lugares del planeta para crear «una red mundial» de intercambio de información.

Pearl y Pizarro viajarán el miércoles a Noruega, donde ofrecerán una conferencia sobre el proceso de paz colombiano.