Para quienes estamos convencidos que el problema esencial de Guatemala está en el régimen absoluto de impunidad que impide la aplicación de la ley y, por lo tanto, el pleno ejercicio de nuestra propia soberanía como Estado, la noticia de que la Organización de Naciones Unidas decidió extender el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- es una buena nueva que nos permite a los guatemaltecos redoblar el compromiso para librar una lucha frontal contra ese flagelo.
No podemos ni debemos ver la prórroga del mandato de la CICIG simplemente como la oportunidad para que los extranjeros que están colaborando con el país en ese esfuerzo tengan más tiempo para avanzar. Al fin y al cabo, si los guatemaltecos no asumimos nuestro papel y compromiso, esos extranjeros se terminarán retirando de Guatemala tarde o temprano y al irse se haría realidad aquello de que muerto el perro se acabó la rabia. Si, por el contrario, los ciudadanos del país que queremos la vigencia del Estado de Derecho, vemos la presencia de la CICIG como un puntal para ayudarnos a realizar nuestro particular y propio esfuerzo en reclamar de las instituciones relacionadas con la justicia apego a la ética y al derecho, seguramente que habremos dado un paso importante.
El problema real está en que nosotros solos no podemos porque no disponemos de los instrumentos idóneos para romper el nudo gordiano de la impunidad porque las instituciones que tendrían que iniciar el proceso están cooptadas por el crimen organizado. Si la misma CICIG se ha topado con un muro tremendo en casos como el del abogado ílvaro Matus y el de la investigación del desfalco al Ministerio de la Defensa, imaginemos lo que esperaría a un esfuerzo realizado por algunos quijotes en el plano nacional.
El apoyo de CICIG es, precisamente, ayudarnos a los guatemaltecos a romper ese nudo, a terminar con el círculo vicioso y a iniciar la depuración de instituciones esenciales para la justicia como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, los tribunales de justicia y, de paso, proponer las reformas legales que permitan avanzar en la lucha para alcanzar el objetivo de que la impunidad no sea la norma sino, en todo caso, la excepción en la administración de justicia.
Recordando a Augusto Monterroso hay que decir que el dinosaurio todavía está allí, y agregamos que haciendo de las suyas con tranquilidad aunque se nota que la presencia de CICIG le inquieta porque sabe que es la única amenaza al poder acumulado desde los años del conflicto. Si nadie se opusiera a la Comisión habría que preocuparse, pero la oposición confirma que hay avance y que va por buen camino.