Emitir opinión es un derecho individual y colectivo. Y opinar también significa equivocarse. Errar es de humanos. Obviamente nadie quiere opinar para equivocarse. A la opinión de los medios de comunicación social y a otros elementos más, muchos más, son lo que solemos llamar elementos de la «Opinión Pública». Y la opinión pública contiene también aquella fuerza de opinión cuya fuente es el «rumor», es decir, datos e información no necesariamente corroborados.
Durante mucho tiempo a nuestro país, pero con énfasis en sus comunidades urbanas, se le solía llamar «Guatebolas». Con ello se connotaba el «peso» dentro de la opinión pública que caracterizaba al rumor como mecanismo de intoxicación colectiva. En el pasado, esta práctica empleada por los grupos de poder paralelo, sirvió para anunciar en lo político administrativo, desde cambios de ministros hasta golpes de Estado.
Con la denominada era democrática, que ya se aproxima a sus 25 años, la práctica de hecho no ha desaparecido. Se ha pulido. Las crisis reales y muchas ficticias que han vivido instituciones bancarias, dan muestra de cómo el rumor tiene un enorme peso entre nuestras colectividades. La importancia del «voz a voz» es obvia. Sin importar que se fundamente en hechos concretos o no. La tendencia al empleo de medios alternativos de comunicación, como los correos electrónicos, ha encontrado un nicho casi imposible de controlar.
Los partidos políticos y sus estrategas de campaña, también dan cuenta de cómo el rumor o las «bolas», echan por los suelos acciones diseñadas en el marco de sus propias estrategias. Los tiempos electorales son campo fértil para lanzar toda suerte de elementos que distorsionan realidades.
En estos momentos de una crisis generalizada cuyos ángulos de percepción van desde lo económico, atravesando por una severa tendencia al incremento de la delincuencia y la violencia, se agregan «olas» de rumores que acrecientan la incertidumbre. De hecho se produce una amenaza adicional. No se puede hacer mayor cosa para reducir los impactos de los rumores lanzados por doquier. Se podría demandar de los medios de comunicación social mayor investigación y serias, profundas y bien fundamentadas publicaciones que tiendan a ilustrar el entorno que nos rodea. Pero aquí nos topamos con otros elementos al margen del derecho de la información que hace, por ejemplo de La Hora, una excepción. Pero recordemos que «una golondrina no hace verano».
Hoy, en otro orden, se inicia la vigencia del Decreto 57-2008. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar, cuántas gestiones se habrán de entorpecer, hasta percatarnos de cómo un derecho puede provocar su tendencia al abuso y con ello torcer los propósitos que animaron tal normativa? Y peor aún: ¿Cómo se habrán de evitar incrementos en las extorsiones que ahora tendrán una nutrida fuente de «oficio» para engrandecer la nueva atmósfera de violencia que puede desatarse sobre nuestra ya ensangrentada sociedad?
Solemos ser extremistas. Si estamos en un punto y no nos satisface su entorno, buscamos con frenética carrera su antípoda. Nos desplazamos al extremo opuesto. De ello hay múltiples ejemplos. Recuerdo otro. Se criminalizó y estigmatizó, la administración de un solo Presidente del Organismo Judicial y la Corte Suprema y cuando en 1993 se trastocó la Constitución Política, se optó por suspender la elección de un solo Presidente para este organismo y se aprobó que se alternasen por un año. Esto conllevó muchos tropiezos administrativos en la aplicación de la justicia, hasta la pobre mediocridad y pusilánime actitud de la actual camada de magistrados. Somos víctimas permanentes de aquellos derechos cuya tendencia a torcerlos se acrecienta. No aprendemos del pasado. ¿Hasta cuándo?