Llamó la atención que tras la firma del Pacto Nacional de Seguridad y Justicia, se dijo que la implementación de los acuerdos estaba sujeta a la ubicación de los recursos que hacen falta para asegurar operativamente su realización, lo que causó el primer signo de desazón entre la ciudadanía y, por supuesto, entre los llamados Testigos de Honor que son los representantes de las Iglesias Católica y Evangélica, así como el Procurador de los Derechos Humanos y el Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos.
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Pero el colmo del asunto está en que esta semana, el trabajo siempre diligente de la diputada Nineth Montenegro en la fiscalización del gasto público permitió establecer que el Ministerio de Gobernación de todos modos sí ejecutó la devolución del dinero que según Salvador Gándara le sobraba a la cartera y de esa cuenta los 275 millones que estaban destinados a cuestiones como seguridad ciudadana, inteligencia civil, control migratorio, prevención del delito e investigación antinarcótica, sufrieron recorte, además de la compra de armamento y equipo para la Policía Nacional Civil.
Viendo el ritmo de la violencia y criminalidad en Guatemala, el contrasentido es evidente y no hace falta remarcarlo. Criticamos al gobierno anterior cuando trasladó fondos de Educación y Salud a la construcción del nuevo aeropuerto porque en esas dos materias siempre se quejan de la falta de recursos y explican las deficiencias cabalmente por la debilidad en la asignación de fondos para el cumplimiento de los fines de las carteras que tienen a su cargo tan importantes y vitales rubros de la administración.
Pues en el caso presente, el tema de la seguridad obviamente ha desbordado la capacidad del Gobierno y no atinan a definir una política integral en la que se plasme el eslogan de enfrentar la violencia con inteligencia. Y cuando a instancias de sectores de la sociedad se logra al fin firmar un pacto que pretende acciones inmediatas y otras de mediano y largo plazo, resulta que no se puede avanzar mucho porque las primeras semanas se usarán en buscar los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera de las iniciativas.
Al mismo tiempo nos enteramos que el dinero que se había asignado al Ministerio de Gobernación expresamente para la seguridad ciudadana, fue devuelto al fondo común porque, en palabras del Ministro, sobraba y no hace falta para el cumplimiento (¿?) de los fines del despacho. Igual que con Educación y Salud, en seguridad el dinero nunca sobra porque siempre se podrá utilizar para mejorar la eficiencia del Estado en el cumplimiento de sus fines. Podríamos formar más policías o equipar mejor a los actuales, además de invertir en mejorar las prisiones para evitar que desde allí sigan planificando extorsiones, secuestros y asesinatos pero, en vez de eso, el señor Gándara dispuso que era mejor enviar el dinero a los programas sociales que, si bien son importantes, no pueden vestirse a costa de desvestir al santo que más le importa ahora a la población.
Si esos 275 millones tan sólo hubieran sido trasladados para financiar el arranque del plan de seguridad y justicia, seguramente que los avances serían sensibles en menor tiempo y los guatemaltecos podríamos empezar a ver la luz aunque el final del túnel esté muy lejano. Pero simplemente devolverlos porque no los pueden ejecutar es el expreso reconocimiento de la incapacidad más absoluta.