Ante los reparos por más de Q11 millones hechos por la Contralorí­a General al Comité Ejecutivo de la CDAG, los integrantes de esa entidad y sus familiares podrí­an ser investigados en el corto plazo.

La Comisión de Transparencia del Congreso de la República solicitará, en breve, un fiscal especial anticorrupción para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG.

Del mismo modo se hará la petición a la Superintendencia de Bancos para que investigue cuentas, depósitos y movimientos monetarios, dijo el diputado Fernando Garcí­a de la bancada Guatemala.

Sergio Castro, presidente de la CDAG, atribuye toda esa coyuntura al año electoral que trae lucha interna en ese cuerpo colegiado; agregó que esta situación se da por problemas que existen en las federaciones de Lucha y también de Fisicoculturismo.

Castro descartó que haya situaciones anómalas en la CDAG, cuyo rechazo a las denuncias espera «aclarar» en la reunión que sostendrán el próximo viernes en la sede de la Contralorí­a General de Cuentas.

La diputada Rosa Marí­a de Frade, presidenta de la Sala de Trabajo que pide el fiscal especial, aseguró que otras de las anomalí­as encontradas están en varios proyectos no ejecutados, pero la CDAG pagó, tal el caso de la reconstrucción de la pista sintética de atletismo en Puerto Barrios, Izabal.

También dijo que han encontrado pagos «con grandes diferencias» por supervisiones, cancelación de más en indemnizaciones, dudas por construcciones en redes de tuberí­a y cubiertas de techos, que suman la cifra millonaria.

VIDEOLOTERíA

El contralor general Carlos Mencos explicó que el caso de la CDAG es producto del examen que se hizo en la intervención de donde resultaron los cargos millonarios «para que puedan desvanecerlos o el tribunal confirmarlos, de acuerdo a los argumentos que ellos (la CDAG) presenten en el momento preciso», dijo.

Por el caso de Intergames y una videoloterí­a donde la CDAG ha tenido participación, se reafirma que no tienen facultad de realizar esas contrataciones por eso se ha considerado lesivo.

«Han recibido solicitud de la Procuradurí­a General de la Nación (PGN) para que se pueda evaluar ese tema económico», destacó Mencos.

Asimismo, se está iniciando un proceso de una segunda videoloterí­a, donde tiene que ver la CDAG, y que puedan también ser declarada lesiva a los intereses del Estado, contratos donde la entidad deportiva otorga permisos y recibe utilidades, concluyó Mencos.