Uruguay lanzó hoy un plan para descongestionar el sistema carcelario del país, que tiene un total de 8.158 reclusos, luego de un preocupante informe del relator especial de la ONU para la Tortura, Manfred Nowak, sobre la situación penitenciaria del país.
La ministra del Interior de Uruguay, Daisy Tourné, presentó hoy en el Consejo de Ministros, a pedido del presidente Tabaré Vázquez, el plan para aliviar el hacinamiento en los principales centros carcelarios del país, como el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar) y el penal de Libertad.
Tourné dijo a la prensa tras el Consejo de Ministros que se trata de un plan «transitorio» que abarca a 1.250 presos para descongestionar las cárceles, pues para un saneamiento total del sistema penitenciario se debe cambiar el Código General del Proceso y el Código Penal, con penas alternativas a la prisión.
«Esto es importante, es un avance, es un plan que descongestiona ni más ni menos que 1.250 plazas pero hay cosas en profundidad, mucho más macro, que también recomendó el relator de Naciones Unidas (…) como es pensar en un sistema criminal penal completamente diferente, no punitivo», dijo Tourné.
El plan incluye el traslado, en un plazo de 30 a 60 días, de 550 presos «poco peligrosos» del Comcar, donde hay 2.720 reclusos, a un cuartel de Punta de Rieles (noreste de Montevideo), donde hasta ahora funcionaba la Escuela de Suboficiales del Ejército.
Las instalaciones necesitan obras por unos 200.000 dólares, que se comenzarán en pocos días, dijo Tourné.
Asimismo, la secretaria de Estado dijo que en coordinación con otros ministerios, se adquirirán establecimientos prefabricados para instalar en un predio contiguo a la cárcel de La Tablada (30 km al norte de Montevideo), para albergar a unos 150 reclusos.
El plan también incluye la construcción de pequeños establecimientos para albergar a reclusos de menor peligrosidad, como los que tienen salidas transitorias de 24 y 48 horas semanales, indicó la ministra.
Por otra parte, 30 mujeres presas con sus hijos en la cárcel de Cabildo, dentro de la ciudad de Montevideo, serán trasladadas a un local en Paso Molino (norte de la capital) cedido por el Ministerio de Desarrollo Social.
El Ministerio de Salud Pública, en tanto, cedió dos pabellones de la Colonia Santín Carlos Rossi para reclusos con patologías psiquiátricas o drogadictos.
Nowak presentó un informe hace dos semanas en el que señala que «las condiciones de detención (en Uruguay) han ido constantemente empeorando», que «existe una urgente necesidad de tomar medidas» para evitar «violaciones a los derechos humanos», y que «se corre el riesgo de un colapso del sistema».
El relator destacó las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene en las cárceles uruguayas, por lo que «la situación de violencia carcelaria es alarmante».
Asimismo lamentó que «no existe separación entre los presos procesados y los condenados» y criticó los «retrasos importantes en el sistema judicial», pues «dos tercios de las personas privadas de libertad se encuentran procesadas y no condenadas».
Según datos proporcionados a la AFP por el Ministerio del Interior, en Uruguay, un país de 3,2 millones de habitantes, había, a febrero, una población carcelaria de 8.158 reclusos -7.588 hombres y 570 mujeres- en un sistema penitenciario con capacidad para 6.164.
Del total, 5.368 han sido procesados con prisión pero aún no tienen condena, mientras 2.790 ya fueron condenados.