Organizaciones sociales indí­genas y campesinas, integrantes de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), demandan que el presidente ílvaro Colom «honre» el compromiso de entregar al Congreso de la República la iniciativa de ley de desarrollo rural, tal y como se comprometió en enero pasado.

Desde octubre de 2008 las organizaciones integrantes de ADRI y representantes del organismo Ejecutivo dieron por concluida la mesa de discusión mediante la cual crearon una propuesta de ley consensuada, la cual, según les prometió el mandatario, serí­a entregada a la bancada oficial el 14 de enero de este año, al tiempo en que presentara el informe de su primer año de gobierno.

No obstante, tres meses después, la misma sigue en el Ejecutivo, lo cual preocupa a las organizaciones, pues temen que «la retención» también implique cambios sin previo aviso a la iniciativa.

Nos preocupa, primero porque no cumple con su palabra y segundo porque si la están reteniendo puede ser que le estén realizando cambios y eso no estaba entre los acuerdos», dijo Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, (CUC).

DOS TEMAS

Al tiempo de la exigencia por el cumplimiento del traslado de la iniciativa al Congreso, las organizaciones que conforma la ADRI esperan que el Presidente apruebe la Polí­tica Nacional de Desarrollo Rural Integral, para la cual también se firmó, entre sociedad civil y Gobierno, un compromiso polí­tico, hace un par de meses.

Las dos cosas pueden caminar al mismo tiempo, la polí­tica la aprueba el Presidente y la aprobación de la ley estarí­a en manos del Legislativo, y él dio su palabra de que los diputados del partido oficial apoyarí­an el proceso», afirma el representante del CUC.

A criterio de Alejandro Aguirre, analista de la Coordinadora Nacional de ONGs y Cooperativas (Congcoop), tanto el tema fiscal como el agrario son estructurales, por lo que toda iniciativa que busque cambiar la realidad en esos asuntos, crean polémica.

Según Aguirre, el contexto económico y polí­tico es fundamental para que el tema avance, por lo que teniendo en cuenta este aspecto, la crisis económica y financiera podrí­a ser usada como una evasiva para que la ley de desarrollo rural y la polí­tica no sean aprobadas, bajo el argumento de la ausencia de fondos para financiarlas.

Esto lo dificulta mucho, máxime pensando en la composición del Congreso, ya que la mayorí­a de los congresistas son de derecha o centroderecha, son condiciones que no favorecen a que la ley de desarrollo rural integral pase», dijo el analista,

De acuerdo con Pascual, la situación de pobreza que amenaza la seguridad alimentaria de las comunidades, no espera plazos, por lo que hacen un llamado al mandatario para que «respete la dignidad de las personas del campo y cumpla su palabra; también a los diputados para que aprueben la ley», refirió.

SIN INCIDENCIA

Después que Luis Zurita Tablada fuese nombrado viceministro de la Cartera de Ambiente, se nombró como coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Diálogo Nacional a Catalina Soberanis, ex presidenta del Congreso, y ex secretaria de la Paz, empero, organizaciones sociales consideran que no ha tenido «capacidad de incidencia» para promover el avance de la propuesta de ley.