El Ministerio de Gobernación se ha convertido en una entidad criminalizadora y por ello es urgente que las autoridades encargadas del tema de seguridad accionen con un enfoque verdaderamente integral y basado en la prevención del crimen y de la violencia más que en la represión de esos fenómenos sociales.

Con la disposición de modificar el acuerdo gubernativo 105-2009 en sus artí­culos 46, 48 y 185 del Reglamento de Tránsito que ordena que sólo una persona puede transportarse en motocicleta bajo el argumento de reducir con ello los crí­menes cometidos contra pilotos de buses y personas particulares, el Ministerio de Gobernación convirtió en una infracción a la Ley lo que para más de medio millón de ciudadanos es una necesidad: viajar en vehí­culos de dos ruedas.

Con esa decisión, el Estado, por medio de Gobernación, puso a miles de guatemaltecos honrados, trabajadores y en pleno uso de sus derechos constitucionales al nivel de un grupo de «sinvergí¼enzas» y «bandidos» (como Salvador Gándara, ministro de Gobernación, califica constantemente a quienes supuestamente comenten hechos delictivos) que utilizan ese vehí­culo para ejecutar un crimen.

El Estado ha demostrado que es incapaz de ejercer una investigación adecuada y una persecución penal eficiente contra estos individuos, llenos de calificativos, pero nunca individualizados.

El propio Gándara declaró un dí­a después que entrara en vigor esa medida: «Yo podrí­a garantizar que casi el 80% de esos asesinatos se han cometido desde una motocicleta». Sus declaraciones como sus medidas se acoplan de algún modo a la historia de Herodes (rey de Judea durante el reinado de César Augusto), que ante el temor a que se cumpliera la profecí­a del Mesí­as y perder con su nacimiento su reinado, ordenó masacrar todos los niños varones de menos de 2 años en la ciudad de Belén; es decir, ante la incapacidad de individualizar al niño que serí­a, según los escritos, el rey de los judí­os, hizo que inocentes pagaran por ello.

¿Qué sigue después en Guatemala, matar de hambre a todos los pobres para terminar definitivamente con la pobreza?

La falta de prevención en el tema de seguridad, sumada a un sistema de rehabilitación de las personas privadas de libertad completamente ineficaz, un Ministerio Público superado por la corrupción y la deficiencia investigativa y un sistema de justicia al que sólo tienen acceso los que tienen poder adquisitivo, son elementos que orillan al Estado a tomar medidas emergentes, que no afectan a quienes las impulsan (léase funcionarios de todos los organismos) sino a la población civil y en particular a la de escasos recursos.

La actitud del actual Ministro, de sus predecesores y del propio gobierno, es demagógica y repetitiva, ya que por años los encargados de la administración del Estado la han asumido: ofrecer a la población, legí­timamente alarmada por la violencia, soluciones «inmediatas» antes que implementar acciones con un enfoque integral que supuestamente sólo produce resultados a largo plazo.