«La Universidad de San Carlos de Guatemala, el Arzobispado de Guatemala, la Alianza Evangélica de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos, cada una en el ámbito de actividad pero con el denominador común de mantener el contacto vivo y cotidiano con la población, a la que de algún modo representamos, se han hecho eco de una situación sangrienta que ya resulta intolerable».
(Procurador de los Derechos Humanos. Representante del Grupo de Garantes).
Luego de un prolongado cacareo, de anuncios anticipados y hasta de reclamos por parte del más alto prelado de la iglesia Católica, por fin, en un acto histórico sin precedentes, las más altas autoridades del país, representadas por los presidentes de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial acompañados del Jefe del Ministerio Público y Fiscal General de la República, encabezados por el gobernante ílvaro Colom presentaron el Acuerdo nacional para el avance de la seguridad y la justicia, considerado como una herramienta necesaria para combatir la impunidad, los índices de criminalidad y la violencia social existente, todo lo cual permitirá mejorar la seguridad pública y la administración de justicia. Frente al público asistente que abarrotó el lugar del solemne acto y ante los pobladores de todo el país que pudieron seguir la transmisión del evento mediante cadena nacional de radio y televisión, los cuatro funcionarios citados rubricaron el acuerdo nacional y expresaron su decisión y voluntad de impulsar y cumplir con las decisiones, acciones y compromisos en el ámbito que compete a cada uno de los organismos de Estado allí representados.
Este acuerdo nacional se firmó el 15 de abril en el teatro nacional Miguel íngel Asturias y como suele ocurrir, ha generado diversas y encontradas opiniones, unas cargadas de escepticismo, otras de pesimismo, las hay de tendencia optimista y hasta de quienes otorgan a los gobernantes el beneficio de la duda. De cualquier manera, después de la presentación la expectativa de la población es real y creciente debido al desborde de la violencia social. Se espera que las autoridades encargadas por ley de garantizar la vida y la seguridad de las personas, cumplan con eficiencia, eficacia y prontitud con su deber, lo mismo se exige de los operadores y administradores de justicia, pero también y con justa razón, se espera que los gobernantes honren el cumplimiento del acuerdo.
La institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, el Arzobispado Metropolitano y la Alianza Evangélica de Guatemala, aceptaron ser el Grupo Garante de la Verificación del Acuerdo, pero aclararon que asumen esa responsabilidad , «sin extender un cheque en blanco y sin vocación de comparsa, si en el ánimo de alguno anidase la idea de que éste es un pacto más, como tantos otros de nuestra historia, pergeñados únicamente para el lucimiento publicitario del momento».
Con justa razón el Grupo de Garantes ha dejado sentada su protesta por la omisión de importantes temas estructurales, pero aceptaron el desafío de la verificación, cuyo papel también dejó claro Sergio Morales Procurador de los Derechos Humanos, quien al hablar en nombre del grupo de garantes, dijo:
«Se nos ha pedido que verifiquemos, y eso es lo que vamos a hacer, con toda la autoridad moral de nuestras instituciones. Se nos ha reiterado que las entidades del Estado firmantes del Acuerdo tienen total voluntad de cumplir lo que les compete. Y eso es lo que vamos a corroborar, sin ninguna condescendencia».