La reciente emisión de un Acuerdo Gubernativo que introduce reformas al Reglamento de Tránsito prohibiendo la circulación en el territorio nacional de motocicletas con más de una persona a bordo, como parte de los esfuerzos de las autoridades de seguridad pública para frenar los asesinatos cometidos desde este tipo de vehículos, ha dividido a la sociedad guatemalteca, pues unos están a favor y otros la rechazan.
Los funcionarios del gobierno han explicado que se trata de una disposición temporal semejante a la que se ha aplicado con éxito en otros países, con el objetivo de contrarrestar los constantes hechos de violencia, particularmente en contra de los pilotos del transporte público.
De acuerdo con las informaciones oficiales, la medida ya cobró vigencia desde el jueves de la semana pasada, pero las sanciones se comenzarán a aplicar al cumplirse los primeros treinta días, o sea a partir del próximo 9 de mayo, lo cual significa que está corriendo un período de transición para que los motociclistas puedan adquirir los chalecos reflectivos y los respectivos cascos con la inscripción visible a cierta distancia del número de la placa que contemplan las referidas modificaciones reglamentarias.
Desdichadamente, como dice el refrán popular, en río revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que está ocurriendo en el presente asunto, pues ya se comienzan a escuchar en los medios radiales las primeras denuncias sobre actos de corrupción atribuidos a miembros de la Policía Nacional Civil, en torno a que estarían cobrando 50 quetzales de «mordida» a los motociclistas cuando los sorprenden llevando a otra persona en el asiento trasero.
En un país como Guatemala permeado de manera impresionante por la impunidad, no extrañan los señalamientos que se hacen a los integrantes de la policía, que es una de las instituciones estatales más desprestigiadas y de escasa confianza entre la ciudadanía.
Tradicionalmente, los retenes policíacos han sido una fuente inagotable de exacciones por parte de los uniformados que de esta manera contribuyen a socavar aún más la poca o nula credibilidad en las fuerzas de seguridad del Estado.
Mientras transcurre el período de gracia de 30 días antes mencionado, los policías tienen que limitarse a advertir a los infractores acerca de los alcances de la prohibición, además de informarles que a partir del 9 de mayo serán sancionados, si reinciden, con multas cuyo monto oscilará entre mil a 25 mil quetzales.
Además, el Gobierno de Guatemala debe sentar un precedente enérgico para poner freno a los abusos de algunos de los agentes de la Policía en contra de los habitantes, especialmente en contra de los motociclistas.