Hemos criticado al Congreso de la República y a sus diputados cuando empecinadamente obstaculizan la aprobación de leyes que son indispensables para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, pero ayer con diligencia los representantes procedieron a la aprobación de normativas para facilitar la administración de justicia y para penalizar adecuadamente delitos que no tenían la sanción correspondiente en el ordenamiento legal del país, como pueden ser el secuestro rápido y las extorsiones.
Obviamente la emisión de leyes no es garantía de que se vaya a lograr una adecuada administración de justicia porque sabemos perfectamente que hay otros factores que influyen, además de las lagunas legales, en el reino de la impunidad en el país, pero evidentemente hay delitos en los que los investigadores y juzgadores estaban maniatados porque no existía siquiera la tipificación del crimen, como ocurrió con los capturados en el proceso mismo de un secuestro rápido y que fueron liberados porque según la tipificación legal no había elementos para encuadrar sus actos en la figura delictiva.
Y reiteramos que de la misma manera en que criticamos a los diputados cuando, como ocurrió con la ley de armas y municiones, ponen cortapisa a la posibilidad de disponer de instrumentos legales idóneos para promover la paz y la seguridad en el país, también creemos obligado reconocerles cuando actúan con responsabilidad.
Lo mismo vale para los diputados que dieron su aval a los dictámenes favorables a la iniciativa que pretende normar y transparentar el trabajo de las comisiones de postulación, especialmente ahora que nos acercamos al momento de elegir a la Corte Suprema de Justicia y magistrados de las Salas de Apelaciones, puesto que demostraron interés en contribuir a mejorar el sistema. No extraña, en absoluto, la postura de bancadas que tienen evidente interés en mantener control de los organismos jurisdiccionales para que apuntalen la impunidad, puesto que históricamente han actuado así y son las que, cabalmente, más se mueven e influyen en la movilización de dinero para inclinar la balanza en las elecciones de instancias relacionadas, como son las del Colegio de Abogados y las de decanos de las facultades de derecho, piezas todas que son clave para integrar cortes que no muevan las aguas ni hagan olas para que aseguren que los caciques y sus parientes permanezcan impunes.
El hecho de que exista entre suficiente número de diputados conciencia de que el problema del país es tan grave como para demandar acciones terminantes y urgentes es alentador y nos permite suponer que puede haber una luz al final del túnel si se mantiene esa mayoría de apoyo a las reformas del sector justicia que hacen falta para romper con la impunidad.