En una verdadera carrera contrarreloj se convirtió el tema de la normativa para regular el trabajo de las comisiones de postulación porque la Corte Suprema de Justicia ya planteó al Congreso que convoque a la que habrá de elaborar los listados para que se elijan a los magistrados para el próximo período. Vista la forma en que hasta los más documentados casos han sido resueltos por los tribunales, tenemos que entender la enorme importancia que tiene esa integración de las Cortes porque de no haber cambio alguno, todo el trabajo y el esfuerzo que se haga con el apoyo de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad saldrá sobrando al llegar al despacho de juzgadores que con todo el cinismo ignoran las pruebas para favorecer a los delincuentes.
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La diputada Nineth Montenegro entendió la dimensión del problema y por ello planteó la necesidad de normar el trabajo de esas comisiones de manera tal que, por lo menos, tengan que hacer pública su labor. La propuesta no es, por supuesto, panacea ni asomo de perfección, sobre todo porque está demostrado hasta la saciedad cómo es que funciona el viejo dicho de que «hecha la ley, hecha la trampa», pero por lo menos expondrá ante la opinión pública el trabajo de quienes conformen esas comisiones en las que ha prevalecido la componenda que al final favorece a los grupos más tenebrosos del país.
El caso del fiscal Matus puede considerarse como un ejemplo de la manera en que opera el sistema de justicia, puesto que pese a las investigaciones y pruebas aportadas, una confabulación de la que no escapó el Ministerio Público terminó siendo decisiva en las resoluciones adoptadas. Y como ese podemos encontrar infinidad de casos, de alto, mediano y bajo impacto, en los que se evidencia que el sistema judicial está al servicio de intereses que riñen con la justicia, entendida la misma en el sentido de la correcta aplicación de la ley para protección del inocente y castigo de los delincuentes.
En la medida en que crezca el riesgo para los grupos criminales, lo cual podría ser resultado de investigaciones independientes que realiza el personal extranjero que sin vínculos con ellos han dado muestras de querer ayudar a Guatemala a romper con uno de los más tenebrosos vicios, también ha de crecer el esfuerzo de esos delincuentes por asegurarse la impunidad pese a las acusaciones que puedan surgir en su contra y por ello el tema de la conformación de los tribunales viene a ser ahora mucho más importante que nunca. Porque antes los jueces al fin y al cabo tenían siempre la complicidad de los fiscales que presentaban mamarrachos de acusaciones y facilitaban la decisión de emitir fallos argumentando falta de pruebas, pero cuando se documentan los casos y existen elementos que demuestran de manera fehaciente la responsabilidad de los acusados, más allá del simple testimonio y mediante la utilización de medios científicos de prueba, más importante se vuelve para esos grupos que operan al margen de la ley el control de las instancias judiciales.
Por ello es que pienso que ahora, más que nunca, el interés por controlar la integración de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia será en verdad un interés supremo porque saben que se están jugando su futuro toda vez que necesitan asegurar la presencia de juzgadores con tanto nivel de compromiso que no tengan empacho de pasarse las pruebas por el arco del triunfo. Y si ganan en su empeño, harán irreversible el reino de la impunidad.