Resulta patética la ausencia de políticas claras en materia de seguridad, al punto de que mañana se convertirá en política oficial la propuesta básica que hicieran el Procurador de los Derechos Humanos, el Rector de la Universidad de San Carlos, el Cardenal Quezada en nombre de la Iglesia Católica y una representación de las Iglesias Evangélicas. Al gobierno no se le ocurrió otra cosa que la restricción del uso de motocicletas como respuesta a la ola de violencia, demostrando una carencia absoluta de luces en cuanto a la crisis que para el país representa la ola delincuencial que sufrimos.
Luego de más de un año de gobierno, es evidente que no existía un plan para que la inteligencia del Estado pudiera enfrentar seriamente la delincuencia y el crimen organizado, tanto así que al final de cuentas se termina abrazando una propuesta de sectores de la sociedad que, preocupados por la avalancha sangrienta, pusieron sus mejores oficios y buenas intenciones para sugerir acciones de sentido común que, sin embargo, no constituyen un plan propiamente dicho para proteger con propiedad a la persona humana.
Creemos que el único acierto que ha tenido el gobierno ha sido el de entender que el problema tiene su raíz más profunda en la impunidad y por ello se plantea la necesaria prórroga del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, porque si no hay castigo para los criminales, es imposible esperar que se reduzca la violencia. Pero por muchos esfuerzos que haga la CICIG y mucho que sea el apoyo del Ejecutivo, ya está visto que en el aparato judicial se estrella todo el trabajo porque los jueces tienen demasiados compromisos y no tienen empacho en demostrar sus vínculos con los grupos a los que benefician con resoluciones que provocan más frustración y desencanto entre la población.
La misma medida de prohibir la circulación de motos con dos pasajeros ha sido tan abrupta que resulta imposible implementarla en el corto plazo y lo único que demuestra es la incapacidad del Estado para obligar al cumplimiento de las normas legales. En otras palabras, se emite una disposición que, al no cumplirse porque materialmente les resulta imposible aplicarla, lejos de resolver el problema confirma la fragilidad de nuestras instituciones carcomidas no sólo por la forma en que han sido penetradas por redes criminales, sino también por la absoluta incapacidad de sus titulares que parecen gobernar a base de corazonadas o impulsos.
Esto termina siendo como el discurso presidencial de la última cadena de televisión. Lejos de generar confianza, todo se conjuga para hundir en la falta de esperanza a un pueblo que ve cómo sus autoridades dan palos de ciego.