El problema es tan grande que sin tener conocimiento especí­fico y capacidad al respecto opinan directores de la Cámara de Industria, de la Cámara del Agro, del Cien, etcétera, quienes por supuesto de transporte urbano, de vehí­culos y metodologí­a de operación, así­ como de costos y soluciones al mismo saben tanto como mi último nieto recién nacido.

 

La situación es tan grave que a estas alturas para resolverla hay que dividirla en sus diferentes aspectos. Lo mejor serí­a pedir el apoyo al gobierno de Brasil, a las municipalidades de ese paí­s, para que nos compartieran expertos en rutas; a los norteamericanos y a los japoneses para que nos propusieran el tipo de vehí­culos ideales, más adecuados a nuestra topografí­a, a nuestra altura (para así­ evitar en parte la contaminación del medio ambiente),  al diseño geométrico de nuestras calles y avenidas, unidades que por supuesto deberí­an de tener el sistema de cobro previo para que los conductores no manejasen dinero en efectivo.

 

En cuanto a la inseguridad y violencia en contra de pilotos y usuarios, la primera medida que deberí­a de aplicarse es la creación de un cuerpo de policí­a no uniformada para que, igual que se hizo ante los secuestros y violencia en los aviones en el pasado, en todo vehí­culo se transportaran dos personas no uniformadas y una uniformada. Adicionalmente se establecieran puntos de control en las diferentes rutas con policí­as dotados de motocicletas, de equipos de radio que les permitiera una comunicación permanente entre sí­ y con los elementos de seguridad dentro de cada vehí­culo y así­ reaccionar y capturar a cualquier persona que atentara contra los pilotos y usuarios del transporte urbano.

 

Es más, las unidades que se adquirieran y las que actualmente forman parte del Transmetro se les puede dotar de un sistema de GPS que permitirí­a un constante monitoreo de todas las que se estuvieran desplazando, igualmente pueden colocarse cámaras y videograbadoras en los autobuses como se hace actualmente en las tiendas de conveniencia, almacenes y supermercados, para tener una constancia de cualquier acción delictiva.

 

Sin duda alguna, todas estas medidas ha implementar serí­an un disuasivo rápido. También deberí­a crearse unidades especí­ficas de investigación para que cualquier acción o intensión de atentar contra el transporte público y sus usuarios recibirí­an una atención que disuadirí­a a la mayorí­a de quienes actualmente han encontrado su modus vivendi a base del cobro y chantaje que efectúan contra los pilotos y el sistema de transporte urbano.

 

Lo que sin duda alguna no puede continuar es el actual sistema de propiedad individual de las unidades del transporte urbano, el cual deberí­a ser sustituido por empresas de transporte público de propiedad municipal o de propiedad mixta pero perfectamente administradas para terminar con la polí­tica de rí­o revuelto ganancia de pescadores. Todo lo propuesto costarí­a menos que los dos mil millones que malversó el Conejo.