La población exige que el gobierno de ílvaro Colom tome acciones firmes para enfrentar la violencia y la inseguridad. Se vive una contradicción: el Estado, incluidos el gobierno y el sistema de justicia, por un lado reprime al movimiento social -ocho años de prisión a Ramiro Choc, líder campesino, por conducir protestas contra la ocupación ilícita de tierras campesinas- y, por otro, no impide el accionar de la delincuencia, al punto de desestabilizar al país, ni la impunidad de los responsables de crímenes de guerra y cuantiosa corrupción. Este es un Estado al revés.
La semana pasada, la impotencia del Estado llegó a su nivel más bajo y se hizo más evidente el vínculo entre desestabilización social y la política. Declaraciones irresponsables de políticos, que se combinaron con una campaña por Internet para exigir la renuncia de Colom, promovían una crisis política. Quedó en evidencia, igualmente, que las acciones violentas son producto de la coordinación entre actores políticos -como fueron los casos del secuestro y tortura de la licenciada Gladys Monterroso, esposa del Procurador de los Derechos Humanos, y el asesinato del señor Albinci Barrios, alcalde de El Asintal- y los capos del crimen organizado, que cuentan con la colaboración de pandillas para lanzar ataques en buses y calles de Guatemala.
Este momento exige que la sociedad civil apoye al Estado, ya que si el motivo oculto para estos delitos es provocar un golpe militar o derrocar al Gobierno no debemos tolerar que dicha intención tenga éxito. Pero el Estado también debe actuar de inmediato y con la más firme determinación. El Arzobispo, el Procurador de los Derechos Humanos, el Rector de la Usac y un dirigente Evangélico han presentado una propuesta al Presidente para mejorar la seguridad y controlar la violencia. í‰sta debe ser informada a la población y puesta en práctica por el Estado.
En apoyo a las medidas sugeridas por la sociedad civil, como Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) exigimos que: a) el gobierno solicite a las Naciones Unidas la prórroga de CICIG por dos años más, así como que se modifique su mandato para darle más poder para enfrentar la impunidad que ha conducido al clima actual de violencia e inseguridad; b) el gobierno solicite a la ONU el envío de una misión internacional de policía, ya que la PNC no cuenta con la confianza de la población (todo policía debe ser sometido a riguroso escrutinio y los esfuerzos de seguridad deben sufrir una total transformación); y c) el gobierno cese de criminalizar y perseguir al movimiento social. Una inmediata amnistía para los dirigentes y militantes de dicho movimiento es justa y necesaria, ya que han sido sometidos a juicios y penas por ejercer su derecho a resistir el abuso y la explotación. El Estado necesita el apoyo de la población; no obstante, ese apoyo será una quimera si grandes sectores son excluidos y enemistados.
No es momento para maniobras políticas. Dentro de menos de tres años el electorado identificará quiénes actuaron correctamente en este período de crisis y quiénes solamente trataron de «llevar agua a su molino». El pueblo de Guatemala se acerca al punto de desesperación. Todos y todas debemos actuar, si bien la responsabilidad principal corresponde al Gobierno.