Luego de ocho años de consenso y discusión entre varios sectores sociales y gubernamentales, firmaron un acuerdo político sobre la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (Ponadri).
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Carlos Morales, de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI), instancia que aglutina a organizaciones sociales indígenas y campesinas, dijo que el hecho de contar con una política, el Gobierno debe cumplir con el impulso de la misma, para que en el Congreso sea aprobada.
La Ponadri constituirá el marco guía para la ejecución y reorientación de las diversas acciones políticas, programas y proyectos destinados al área rural.
Según Morales, con la aprobación de la misma como una política pública de desarrollo para las comunidades rurales e indígenas, se fortalecerían instancias como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), puesto que el mismo ha sufrido una reducción presupuestaria, debido a la readecuación que las autoridades efectuaron al Presupuesto 2009, como consecuencia de la crisis económica.
El dirigente recalcó que el avance de la misma depende de la voluntad política de las y los diputados del Congreso de la República. Los miembros de ADRI exigieron que para el ejercicio fiscal de 2010, la asignación presupuestaria para la Política sea una «prioridad nacional».