Imparcialidad judicial con «rostro maya»


Enrique Rí­os Sosa: Ex jefe de Finanzas del Ejército. Fue arrestado el 26 de marzo cuando se encontraba en una residencia ubicada en Carretera a El Salvador. Se le acusa del desví­o de Q471 millones. Un dí­a después salió en libertad y quedó bajo proceso. Rí­os Sosa es hijo del ex general Rí­os Montt, ex presidente en tiempos en que se cometieron cruentas masacres contra población primordialmente indí­gena.

Juan Pablo Ozaeta

Ramiro Choc: indí­gena q»eqchí­ de Izabal, capturado dentro de un bus extraurbano en Rí­o Dulce, el 14 de febrero de 2008. (Sus compañeros comentaban en una entrevista que sus captores le dijeron que iban a matarlo, pero ya no porque él informó de su arresto por celular. Y mientras estaba en la cárcel de Zacapa le provocaron diciéndole que a su esposa le «iban a hacer el favor»).

Cuatro meses después se hizo un primer llamado a las partes para dar declaraciones. Como no se contaba con pruebas no se realizó ningún juicio. A diferencia de Rí­os Sosa, a Choc se le mantuvo recluido en el Centro Preventivo.

Pese a que la ley dicta que un proceso debe aclararse como máximo seis meses después, pasó más de un año antes de que se iniciara un debate por el caso de Ramiro Choc. En febrero de 2009 se llama a un debate, el cual es aplazado nuevamente.

El 26 de febrero de 2009, a Ramiro Choc se le dictó una sentencia de ocho años de prisión por robo agravado, lo que provocó el repudio de distintas organizaciones que denunciaron pruebas insuficientes y racismo en el proceso.

El caso de Ramiro Choc y el reclamo de tierras de las comunidades q»eqchí­ es un tema que tiende a polarizar. Se ha tildado a estas poblaciones de terroristas, de atacar a los terratenientes, y se señala que Choc les manipula. Mientras las comunidades denuncian que guardias privados les han disparado, además que finqueros les han despojado de sus tierras.

Hay quienes le temen a esa polarización. En todo caso es una realidad, y lo peor serí­a hacer a un lado el tema.

De momento, hay dos aspectos que señalar tras lo descrito: nuestro sistema de justicia se rige sobre bases clientelares y racistas. La diferencia del tratamiento en el proceso de Rí­os Sosa y el de Ramiro Choc refleja que la señora justicia, tiene la venda con un ojo medio destapado y da un trato diferenciado a quienes tienen privilegios económicos y polí­ticos. En tanto, el juicio de Ramiro Choc se dilata sin justificación.

¿Dónde están las escrituras de las tierras?, preguntan a veces. Pero el asunto es más complejo. No sólo aparecen múltiples titulaciones, también hay casos de despojo evidentes: -¡Ahí­ están las tumbas de nuestros abuelos!, me decí­a un q»eqchí­ que entrevisté en El Estor señalando las tierras que hoy ocupa la minera CGN.

A 14 años del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indí­genas, que reconoce «la situación de particular vulnerabilidad de las comunidades indí­genas que han sido históricamente las ví­ctimas de despojo de tierras», no se ha cumplido con «instituir procedimientos para solucionar las reivindicaciones de tierras comunales (…) para restituir o compensar dichas tierras».

La realidad es que no existen las instituciones judiciales capaces de dar tratamiento a este tipo de casos, ni gobiernos que puedan regularizar las tierras para beneficio de los pueblos indí­genas, lo cual puede poner fin a esta problemática tan profunda.