Sin fijar fianza, el juez Nery Medina ordenó arresto domiciliario con vigilancia del MP, prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días el Libro de Asistencias a los tres ex militares sindicados del multimillonario desfalco en el Ejército.
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Enrique Ríos Sosa, ex jefe de Finanzas del Ejército durante el gobierno de Alfonso Portillo, y dos ex militares más prestaron su primera declaración ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia.
Tras escuchar las sindicaciones de la fiscalía especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los sindicados se ampararon en el secreto militar para no explicar los gastos que supuestamente justificarían la multimillonaria pérdida de fondos en la entidad castrense.
Tanto Ríos Sosa, hijo del militar retirado Efraín Ríos Montt, como del capitán Pedro Adolfo Catalán Muñoz y el teniente Miguel íngel Salguero Torres, son sindicados de peculado y falsedad ideológica en forma continuada.
La sindicación
Durante la audiencia de primera declaración, la fiscal Eunice Mendizábal explicó que los sindicados firmaron 107 certificados por medio de los cuales se avalaban los gastos del Ejército a través de los cuales se desfalcó a la entidad castrense en 2001.
Según la acusación, Ríos Sosa firmó 69 de los citados certificados, que suman más de Q446 millones 240 mil; Salguero Torres suscribió 34 documentos que suman Q263 millones 536 mil, y Catalán Muñoz, firmó 4 que suman Q4 millones 95 mil.
El Ministerio Público (MP) afirma que el monto total del desvío es de Q471 millones en el Ministerio de la Defensa Nacional durante el 2001.
Defensa
Los principales argumentos de la defensa ante la sindicación del MP fueron que los hechos ya habían sido imputados (en el caso de Ríos Sosa) en el juzgado Quinto de Primera Instancia y que los gastos no eran detallados en los certificados por tratarse de secretos militares.
Bryan Palacios, abogado defensor de Ríos Sosa calificó como «falsa» la imputación ya que los hechos actuales son los mismos por los que su patrocinado ya había sido perseguido penalmente en 2004 en el juzgado Sexto, el cual le otorgó su libertad tras una fianza de Q100 mil.
Palacios solicitó al juzgador que dictara una falta de mérito en favor de su defendido, petición con la que coincidieron los abogados defensores de Salguero Torres y Catalán Muñoz.
Resolución
En un lapso de una hora, el juez Medina resolvió ligar a proceso a los tres sindicados por los delitos de peculado y falsedad ideológica.
Sin embargo, el juzgador no fijó el pago de ninguna fianza y ordenó para los tres procesados arresto domiciliario con vigilancia del MP, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días el Libro de Asistencias en esa judicatura. Medina también concedió a los ex militares el permiso para continuar laborando.
El proceso contra Enrique Ríos Sosa -hijo del diputado y ex presidente Efraín Ríos Montt- no mereció un comentario para el presidente ílvaro Colom.
El mandatario se limitó a opinar que esperaba un proceso transparente y evitó realizar declaraciones políticas en torno al caso Ríos Sosa.