Investido solamente de autoridad moral, el Tribunal es dirigido por José María Tomás, presidente de la Fundación de Justicia de Valencia, España, y la activista salvadoreña Gloria Giralt, luchadora de los derechos humanos que ganó un contencioso al Estado por denegación de justicia.
Este tribunal simbólico inició ayer sus audiencias y dictará un primer fallo y algunas recomendaciones hoy, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad, Benjamín Cuéllar.
Cuéllar declaró que el Tribunal busca «sanar las heridas dejadas por la guerra, dignificar a las víctimas y denunciar la impunidad que prevalece con miles casos».
Otro de los objetivos del Tribunal es «rescatar», para la historia y para el conocimiento de los jóvenes numerosos casos sangrientos que la historia oficial ha tergiversado, añadió.
Este Tribunal fue establecido casi dos semanas después del triunfo en las elecciones presidenciales del candidato izquierdista, Mauricio Funes, que puso fin a 20 años de gobiernos de derecha.
Funes ha declarado que en su mandato dejará que las instancias judiciales hagan su trabajo en el campo de los derechos humanos.
Entre los primeros casos ventilados por el Tribunal figura el del periodista Francisco Ramírez, de 75 años, quien en enero de 1981 fue capturado y torturado por la Policía Nacional, cuerpo que fue disuelto en función de los acuerdos de paz que terminaron con doce años de guerra civil en 1992.
Ramírez perteneció a un grupo de periodistas del incendiado diario El Independiente.
Otros de los casos de represión que se ventilan son el del sindicalista Arnulfo Grande y el del ex empleado público Blas Escamilla.
También figura en la lista de casos la masacre de El Sumpul, cometida en el río del mismo nombre por el Ejército y que dejó unos 600 muertos, el 13 y 14 de mayo de 1980 en el norteño departamento de Chalatenango.
Con base en informes de sobrevivientes, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado individualizó en 1992 a 300 de las víctimas que, tras ser acusadas de colaborar con la guerrilla izquierdista fueron cercadas en el río fronterizo de El Sumpul por los ejércitos de El Salvador y Honduras.
Otra masacre ventilada es la de La Raya, cometida también por el Ejército contra más de 500 personas el 19 de julio de 1982 en Tecoluca, unos 70 km al este de San Salvador.
También integran el tribunal el presidente de la comisión de Amnistía de Brasil, Paulo Pires Junior, el ex secretario de justicia y defensa de la ciudadanía de Sao Paulo, Belisario Dos Santos, y el abogado salvadoreño Ricardo Iglesias, entre otros.
La representación del Estado salvadoreño la tiene el procurador adjunto de Derechos Humanos, Salvador Menéndez, quien defendería el punto de vista oficial y podría reconocer algunos abusos, algo que ya ha hecho su despacho.
El Tribunal de Justicia Restaurativa fue instalado en el marco del Festival Verdad que cada año desarrolla con diferentes actos la Universidad jesuita para reivindicar la memoria de las víctimas olvidadas por el Estado.