¿Qué elementos incidieron para que el Juez de turno de Mixco dejara en libertad a tres personas vinculadas a crí­menes contra pilotos y al presunto artí­fice de esos ataques: Smiley?

La resolución del juzgado de Primera Instancia de turno de Mixco, entonces presidido por el juez Carlos Pocón, dejó en libertad a tres familiares de Axel Ramí­rez Espinoza, alias Smiley, quien según el Ministerio de Gobernación es el autor intelectual de los ataques y extorsiones a pilotos.

Esa judicatura sólo ligó a proceso a Jorge Lemus Espinoza por portación ilegal de arma de fuego, sin embargo, este recuperó su libertad por medio de una fianza de Q 2 mil; el juzgador otorgó falta de mérito para Jorge González y Mayra Espinoza, madre del Smiley, a quienes les decomisaron tres explosivos hechizos que presuntamente serí­an utilizados para atacar los buses.

A criterio de analistas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECP), ese tipo de resoluciones judiciales generan en la población una sensación de desprotección por parte del sistema de justicia.

ANíLISIS

Marco Antonio Canteo, director del INECP, opinó que sí­ existí­an pruebas contundentes que los vinculara con los atentados contra pilotos; la prisión preventiva es necesaria para garantizar la comparecencia de los procesados en el juicio, indicó.

El analista explicó que los jueces deben emitir resoluciones más apegadas a derecho y que en ese sentido es importante la cantidad y calidad de prueba aportada por el Ministerio Público: «No basta señalar, sino es necesario sostenerlo con pruebas porque los jueces también tienen responsabilidad en los casos», declaró.

Sin embargo, Canteo consideró que la portación de un explosivo sí­ amerita procesamiento y prisión preventiva, pero apuntó que es difí­cil conectar las bombas con los atentados a pilotos.

Finalmente, el analista indicó que «es importante que el MP y la Policí­a Nacional Civil coordinen sus acciones para que una vez en tribunales los sindicados sean aplicadas las medidas pertinentes», dijo.

Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, indicó que «las últimas reformas efectuadas al Código Penal apuntan en la dirección de limitar los casos de medidas sustitutivas, en tal forma que no hayan tantas facilidades en algunos delitos para evitar que se cometan», explicó.

El magistrado indicó que la ley de armas y municiones sí­ permite que se otorguen medidas sustitutivas, y que en esos casos el juez sólo tiene a la vista dos medios de prueba: el arma y el dicho del agente captor.