«Tímido» y «débil» fueron los calificativos utilizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos, ante el mensaje televisivo presentado anoche por el presidente Colom, tras una intensa jornada caracterizada por la violencia.
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La Convergencia por los Derechos Humanos la reacción del presidente ílvaro Colom frente a los atentados dirigidos hacia autobuses del transporte público.
En un mensaje televisado, el presidente ílvaro Colom se refirió anoche a la violencia contra los pilotos de autobuses, de la que responsabilizó a grupos interesados en desestabilizar a su Gobierno.
El mandatario manifestó que se implementará un plan para fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas de mayor riesgo y se investigará a los responsables de los crímenes en el transporte colectivo, que entre ayer y esta mañana dejaron el saldo de 4 personas muertas y 10 heridas.
Al respecto, las organizaciones sociales unificadas en la Convergencia por los Derechos Humanos calificaron como «débil» y «tímida» la reacción de Colom, y recomendaron la aplicación de «medidas concretas» para combatir la violencia.
Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, considera que dichas acciones deberían «desarticular lo que podría ser una conspiración contra el Estado de Derecho» y que pretende infundir terror en la sociedad.
«No se vale castigar a la sociedad guatemalteca con la restricción de las garantías constitucionales», dijo la activista, quien resaltó la importancia de accionar «inmediatamente» contra los responsables de la ola de violencia con planes estratégicos.
GRUPOS DE PODER
El Ejecutivo ha informado en repetidas ocasiones que posee información sobre el origen de los atentados hacia los autobuses, sin embargo ésta no se hace pública debido a que forma parte de los sistemas de inteligencia y de seguridad del Estado.
Por el contrario, la Convergencia por los Derechos Humanos manifestó que el gobierno debe dar a conocer los nombres de los responsables de los crímenes contra pilotos, no sólo de los «mareros» que son utilizados como «chivos expiatorios», sino también de los autores intelectuales.
Mario Minera, director del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, no descarta que dentro de los autores intelectuales estén implicados empresarios, ex policías y militares de alta.
El activista opina que hay «grupos de poder» detrás de los supuestos planes de desestabilización, y sería éstos quienes deberían ser denunciados públicamente por el presidente y procesados por el sistema de justicia.