Organizaciones de agricultores de Argentina amenazaron hoy con bloquear una ruta estratégica del comercio regional, en demanda de una reducción del impuesto a la soja, cuyo precio aumentó en el mercado mundial a raíz del conflicto con el Gobierno.
«Si no hay quórum en el Congreso para votar una reducción (de los derechos de exportación), se votará en asamblea el corte al transporte internacional», en la carretera 14 (este), vía de camiones con mercancías del Mercosur, amenazó Alfredo De Angeli, uno de los líderes de las patronales agrarias.
Las organizaciones de agricultores cumplían este miércoles el quinto día de una huelga de siete, en un marco de creciente tensión política y social que mereció, incluso, una severa advertencia de la mayoritaria Iglesia católica este miércoles.
«Hay que evitar las actitudes que nos enfrenten y dividan, y que como tales generan un clima de confrontación propicio a la violencia», sostuvo en un documento la asamblea episcopal, en reacción a los últimos incidentes en las rutas entre transportistas y agricultores.
La confrontación entre el Gobierno de la presidenta Cristina Kirchner provocó esta semana un aumento en los contratos de granos de soja para entrega en mayo en el mercado de Chicago, lo que elevó a unos 355 dólares el valor de la tonelada de la leguminosa.
Con estos precios, la cosecha argentina de soja estimada para la campaña 2008/2009 alcanza a unos 14.000 millones de dólares, con un 35% de impuesto a las ventas externas, en un país que exportó el año pasado materias primas y productos agroindustriales por unos 35.000 millones de dólares.
«La perspectiva de una huelga de más de siete días eleva el precio de la soja estadounidense», había declarado Rich Nelson, de la casa de corretaje Allendale.
El Gobierno mantiene desde hace un año una puja con las patronales agrícolas, pero en particular con unos 65.000 productores de soja, el cultivo dominante con más de 50% del total de la superficie sembrada.
Las patronales agropecuarias y la oposición presionan de nuevo esta semana para abrir una sesión en Diputados y discutir un proyecto de rebaja en la gabela a las ventas externas, pero el oficialismo tiene mayoría y le niega el quórum.
La alianza entre las entidades del agro con las fuerzas políticas opuestas a Kirchner acaba de sufrir un duro golpe al adherir los gobernadores, incluso los de la oposición, al sorpresivo plan que anunció la mandataria para repartir con las provincias los ingresos anuales por la soja.
Los distritos se repartirán a partir de ahora un monto anual estimado en casi 1.800 millones de dólares, que los gobernadores recibieron como una bendición, ante la amenaza de déficit fiscal, en una acción que significó de hecho convalidar el nivel de impuestos a la soja.
Los ingresos fiscales por las ventas externas de soja, girasol, maíz, trigo y derivados agroindustriales le reportaron el año pasado al fisco ingresos por casi 8.000 millones de dólares, que representan un 12% de la recaudación total del Tesoro, que arrojó un superávit fiscal de 4,6% del Producto Interno Bruto.
«La situación es muy complicada y los trabajadores lo único que quieren es seguir transitando las rutas. Comete un error muy grande la gente del campo, que tiene la inmensa mayoría de la sociedad en contra por esta prepotencia», dijo Hugo Moyano, líder de la oficialista central obrera CGT.
Pero Eduardo Buzzi, uno de los líderes de la protesta agraria, negó este miércoles que los bloqueos de carreteras estén causando desabastecimiento o perjudicando a los trabajadores.