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El polí­tico debe saber que su obligación y su vocación debe ser la búsqueda del bien común, el servicio a la población en general y en particular a quienes con su voto lo eligieron y confiaron en él.

 

El polí­tico, en cada una de sus decisiones, debe de analizar los pros y los contras. Aunque a veces el tiempo para hacerlo no es muy amplio, debe de escuchar a la opinión pública y si es un diputado también debe de escuchar las opiniones del resto de los integrantes del Congreso, especialmente a aquellos que durante el ejercicio del cargo de dignatarios han evidenciado que independientemente de los halagos, del lobbismo que ejercen los grupos de poder nacionales e internacionales, no se dejan llevar, mucho menos convencer por algo que vaya en contra del paí­s y del pueblo al que deben de servir.

 

Actualmente son muchas las formas de hacer lobbismo. Los viajes, las reuniones, las visitas, las recepciones, los reconocimientos y los halagos son parte de los medios que se utilizan para que un diputado, una bancada y la mayorí­a del Congreso acepten un planteamiento.

 

La diferencia está en que el diputado debe saber y hacer lo que le conviene al pueblo, por ello es que es y debe ser representante del pueblo que lo eligió y del que no lo eligió también. El bien común es de todos y para todos.

 

En el momento actual, ante la grave crisis económica que se iniciara por la falta de controles y reglas suficientes para garantizar que el mercado funcionara, que nadie se aprovechara de la libertad, comprobamos que el sistema bancario, que el financiamiento de las viviendas, que la baja de intereses, que el intercambio de productos, que los tratados de libre comercio no son garantí­a de la reducción de la pobreza y la extrema pobreza.

 

Igual que en los deportes, de nada nos sirve invertir millones de millones sino sabemos controlar y comprobar que nuestras acciones y decisiones no son en beneficio de nuestros compatriotas.

 

Por ello, llama la atención que los miembros de la Comisión de Economí­a y Comercio Exterior del Congreso, que preside el diputado unionista Mariano Rayo, no quieran comprender, como lo señalara el recién electo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que no es el momento de continuar por continuar con la aprobación de tratados de libre comercio de Guatemala con terceros paí­ses, con los que no tenemos capacidad de competir y por consiguiente incrementar y nivelar nuestra balanza de pagos. Esas aprobaciones lo único que producirí­an es aumentar la pérdida y destrucción de plazas de trabajo para las y los guatemaltecos.

 

Es un espejito que el embajador de Chile, Jorge Saavedra diga: «Hay capitales que están interesados en invertir en la agroindustria, agricultura forestal, fruticultura y la minerí­a, entre otros» y agrega «el interés del empresario chileno radicarí­a en la posibilidad de aprovechar el acceso preferencial que tiene Guatemala en los Estados Unidos, por lo que los chilenos están interesados en invertir en el territorio nacional para ahorrar costos». Si eso fuera cierto ya hubieran invertido porque nada tiene que ver un Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Chile y ese tipo de inversiones para viabilizar más exportaciones hacia el norte.

 

Igual que Arturo Prat, no debemos estar dispuestos a arriar la bandera de nuestra patria y ceder a la fuerza o al halago, teniendo la razón.