El gobierno belga se encuentra bajo presión de una vasta coalición de la sociedad civil para definir de una vez los criterios de regularización de sus inmigrantes sin papeles, que multiplican las ocupaciones de edificios e iglesias en todo el país.
Según una responsable de la Asociación Forum Asile y Migrations (FAM), Fred Mawet, Bélgica cuenta actualmente con unos 100 mil sin papeles, entre ellos «varios miles», que estimó en «15 mil, 20 mil ó 30 mil», a la espera de una regularización.
«Es necesario tener criterios claros para las personas que trabajan, que están integradas, pero que no están regularizadas», dijo Mawet, que formó parte de una pequeña delegación que se reunió hoy con el primer ministro belga, el cristiano-demócrata Herman Van Rompuy, para tratar el tema.
De acuerdo con otro miembro de la delegación, Van Rumpuy dijo que «podría haber una solución antes de las elecciones» regionales del 7 de junio próximo, aunque no hizo ninguna promesa.
Un año atrás, los cinco partidos de la coalición en el poder habían anunciado una nueva política en materia de permisos de residencia para los extranjeros, con un sistema de puntos que tenía en cuenta, por ejemplo, la noción de «anclaje local duradero» para proceder a regularizaciones.
Pero 12 meses más tarde, las directivas de aplicación aún no se conocen, lo que ha incitado a algunos sin papeles a ocupar edificios universitarios, llevar a cabo huelgas de hambre o instalarse en lo alto de grúas en Bruselas.
A fines de febrero, los más altos representantes de las principales religiones de Bélgica (católica, protestante, judía, musulmana y budista) y del laicismo empezaron a presionar, instando al gobierno a concretar «la política migratoria humana prometida», en una toma de posición histórica para Bélgica.
De inmediato, las asociaciones de abogados del reino presentaron una denuncia contra el Estado, al que acusan de inacción, mientras que los rectores de universidad reclamaron una aclaración de la política de asilo.
Hoy, unas mil personas, entre ellas muchos estudiantes, manifestaron en un ambiente festivo en las escalinatas de la Bolsa de Bruselas para reclamar una solución rápida del problema.
La mayoría de las críticas van dirigidas a la ministra belga de Política de Asilo y Migración, la liberal flamenca Annemie Turtelboom, quien explicó recientemente que disponía de toda la legislatura, es decir cuatro años, para aplicar el programa de gobierno, rechazando cualquier «presión».
Sin embargo, para algunos sin papeles, como Omar, presente en el centro de Bruselas, existe una urgencia. «Vivimos desde hace años en Bélgica, hemos aprendido las lenguas, pero somos explotados por salarios miserables», explicó.