En la primera parte de esta columna daba algunos argumentos de por qué pienso que con el modelo de desarrollo impulsado en los últimos 20 años -basado en el libre mercado y la reducción del papel del Estado para regular la economía- no se puede satisfacer la demanda de servicios básicos como salud, vivienda y alimentación para las familias más pobres del país.
Señalaba que con la apertura comercial que se nos ha venido imponiendo, no se ha cumplido el principio que con más competencia, el consumidor tiene un acceso más favorable a los productos.
Ponía el ejemplo de los granos básicos que han sido liberalizados y se importan mayormente de EE.UU. La dependencia de las importaciones que se ha generado, desincentivó la producción nacional, que está a cargo de campesinos, a quienes les resulta imposible competir con los granos básicos -subsidiados- de la nación americana.
En esta segunda parte deseaba señalar que tampoco con sectores como la industria farmacéutica nacional, con más capacidad técnica y financiera para competir, existen condiciones favorables para la libre competencia, dada la manera como se han negociado los acuerdos de comercio exterior.
A finales del año pasado entrevisté a Luis Velásquez, de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos, para conocer los impactos del TLC con EE.UU. en este sector.
De entrada, Velásquez me comentó: «Creemos en la libre competencia», pero que están «contra los monopolios». Esto porque bajo normas de la Organización Mundial del Comercio -OMC- y del TLC con EE.UU., se legalizó injustificadamente el monopolio de cerca de 60 medicamentos.
Existen medicamentos que, en la normativa internacional, tienen 20 años de protección de datos de prueba. Esta protección otorga un monopolio que permite al laboratorio que inventó el medicamento, tener un monopolio para comercializar el producto, recuperar la inversión y obtener amplias ganancias con el mismo.
Después de 20 años, el producto se convierte en bien público. Sin embargo, las leyes aprobadas en Guatemala permiten que productos transnacionales que entran a Guatemala y ya gozaron el beneficio de la protección de datos de prueba tengan de 5 a 15 años, sólo por ser de primer ingreso en el país.
Velásquez señaló que eso es una «aberración jurídica» que nunca se ha dado en ningún país del mundo. Mientras otros países están fabricando esas medicinas en genéricos, en Guatemala existe un monopolio de las transnacionales y por lo tanto no existe la libre competencia para que los medicamentos tengan precios favorables.
Mi conclusión es que el modelo económico de libre mercado se ha impuesto en Guatemala, sin haberse reflexionado si existen las condiciones de parte de los sectores económicos del país para competir, y si la legislación nacional regula cualquier monopolio, bien sea de transnacionales o de los grupos de capital nacional.
Recién se aprobaron dos acuerdos comerciales más, y están en camino otros tres: Chile, Canadá y la Unión Europea; países que tienen muchas asimetrías con Guatemala. La propuesta ante esta coyuntura es: declarar bienes públicos todos aquellos productos de la canasta básica vital que aquí se producen, y no ponerlos a competir con potencias económicas, pues en la economía real eso sólo daña a las familias más pobres.