La idea de sustraer el tema político en la designación de funcionarios cuya probidad era esencial fue el criterio por el que se propuso que fuera una Comisión de Postulación integrada por miembros del mundo académico quienes nominaran a los candidatos al Tribunal Supremo Electoral. Eran los días del Consejo de Estado que organizó Ríos Montt y pensando en cómo sustituir a la autoridad electoral que en el marco de la derogada Constitución había sido la autora de fraudes descarados, se supuso que si los Rectores de la Universidades, Decanos de las Facultades de Derecho y miembros prominentes del Colegio de Abogados hacían la propuesta, los diputados se verían obligados a elegir a figuras notables por su trayectoria, capacidad y honestidad.
ocmarroq@lahora.com.gt
En el papel la idea era muy buena, pero lamentablemente en la práctica lo que pasó fue que se prostituyó el proceso de elección de autoridades universitarias y de elecciones en los colegios profesionales, puesto que el interés que despertó la posibilidad de integrar tales comisiones fue muy grande. Especialmente si entendemos que nuestro sistema de justicia más que eso es un sistema de impunidad debidamente estructurada y que se proyecta en todos los estratos de la vida ciudadana, por lo que los grupos de poder paralelo y las mafias empezaron a meter la mano en donde tenían que hacerlo. Si ya no podían influir en la designación de magistrados y fiscales como lo hicieron por años, es decir recurriendo a los juegos políticos, empezaron a manipular los procesos en donde nadie les ponía atención y de esa cuenta han logrado un control prácticamente absoluto de todo el proceso de selección.
Por ello es que tenemos la Corte Suprema que ahora tenemos y las autoridades del sistema de justicia que han alentado más la impunidad. Para romper con ese molde es importante que se ponga atención a la propuesta de la diputada Nineth Montenegro que apunta a legislar sobre el proceso de selección a lo interno de las comisiones postuladoras porque es cabalmente en esa instancia donde ahora está el cáncer principal. Lo que indudablemente fue una buena idea para despolitizar los nombramientos donde más falta hacía la ética y la capacidad, terminó siendo una forma de jugarle la vuelta a todo el mundo porque los largos sí supieron cómo moverse para mantener el control de las instituciones.
Así como en otros países, incluyendo Estados Unidos, los procesos de confirmación o selección de funcionarios discurren con audiencias públicas en las que se escarba en la vida privada de los personajes propuestos para ciertos cargos, entre ellos los de magistrados, en Guatemala debemos obligar a los postuladores a que hagan audiencias públicas para que cada aspirante presente su hoja de vida y que la población y especialmente los grupos organizados para promover la justicia, puedan no sólo conocer esos detalles sino aportar los propios para impedir que siga arribando a la responsabilidad la misma gente que ahora ha demostrado su estrecho compromiso con las distintas formas del crimen organizado. Depurar nuestra administración de justicia demandará de la sociedad que dé un paso al frente para desnudar, antes de que asuman cargos públicos, a los personajes que los buscan únicamente para cumplir con los arreglos que hicieron con los grupos tenebrosos que siguen moviendo los hilos de nuestra institucionalidad.