Tanto tiempo sin justicia, tanto tiempo en la incertidumbre. Tantas veces gritar «vivos se los llevaron, vivos los queremos»; tantas veces pensando en que un dí­a aparecerán quienes desaparecieron. Habrá quiénes perdieron la esperanza y quiénes se rehusaron a claudicar en su búsqueda. Pero después de tanto tiempo, de tantas injusticias y de tanto estar en la oscuridad, una luz, aunque tenue todaví­a, se puede vislumbrar al final del túnel.

Luego de la entrega de algunos de los planes militares que demandaba la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, y de que el presidente ílvaro Colom impusiera su mandato al ejército, que se rehusaba a entregar dichos planes, y la revelación de los autores materiales de la desaparición de Fernando Garcí­a, sindicalista y miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y esposo de la diputada Nineth Montenegro, la búsqueda de justicia que durante tanto tiempo han esperado tantos, al fin empieza a generar resultados.

Las medidas implementadas por la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) para proteger y preservar los archivos de la desaparecida Policí­a Nacional (PN), ya rinden sus primeros frutos. La detención y captura de dos ex agentes reciclados a la Policí­a Nacional Civil (PNC) de la temible institución que debí­a proteger a la población en esos tiempos, pero que serví­a a intereses más oscuros funcionando como aparato represor y comando de la muerte legalizado, son de las primeras que se dan en un caso de desaparición forzada.

Los agentes capturados, el comisario Héctor Roderico Ramí­rez Rí­os, ex agente de la PN y quien estaba de alta en la PNC de Quetzaltenango, y Abraham Lancerio Gómez, ex oficial de la extinta institución y capturado en Ciudad Quetzal, ya fueron ligados a proceso y esperan la audiencia de apertura a juicio por el caso ilustrativo 48 del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en el que se documentó la desaparición de Garcí­a.

Esta semana el presidente Colom anunció en conferencia de prensa que un documento que se cree podrí­a ser el Plan Sofí­a llegó por correo a la Presidencia, y el juez Jorge Mario Valenzuela logró que le fueran entregados la semana pasada los planes contrainsurgentes Victoria 82 y Firmeza 83, por lo que se espera que estos documentos arrojen a luz nuevos detalles sobre esta guerra que enlutó al paí­s durante 36 años y que ocasionó tristeza y dolor en incontables hogares guatemaltecos.