Para el juez, que participó en un taller sobre justicia universal en la capital guatemalteca, el hecho que tantos casos queden impunes es una «constancia grave».
«Además de constatarlo nos debe de llevar a la convicción y la afirmación de que se tiene que hacer algo, se tiene que hacer rápido, se tiene que hacer de forma coordinada y se tiene que hacer sin que tiemble la mano dentro de la ley y con todas las garantías» de un juicio.
Garzón también pidió a los guatemaltecos que ayuden a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), avalada por la ONU, que dirige su compatriota Carlos Castresana, para que se empiece a allanar el camino hacia la aplicación de la justicia, especialmente por los casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la guerra civil (1960-1996).
Para Garzón, la comisión que preside Castresana es «importante» y un «sistema muy adecuado para apoyar e implementar los recursos y las posibilidades de que se avance en esa línea».
«Es un trabajo que debe de recibir el apoyo de todas las instituciones, más allá de mirarse el propio ombligo que muchas veces es lo que impide avanzar», agregó este juez de la Audiencia Nacional española.
«La institución judicial debe ser protegida, debe de ser defendida para que desarrolle su trabajo con independencia y con seguridad», afirmó.
Sin embargo, reconoció que países donde han sufrido dictaduras, como en Argentina, Chile y España, los procesos judiciales contra los violadores de los derechos humanos es lento, pero «siempre llega».
Para el juez español, famoso por haber conseguido la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, «nadie» está por encima de la ley.
«Eso deben de saberlo muy bien todos aquellos que en algún momento han tenido responsabilidades institucionales», subrayó.
Reconoció sin embargo que son procesos «difíciles», no sólo por el paso del tiempo, sino porque hay «voluntades concatenadas y concordes para que no se sepa la verdad, para que las pruebas desaparezcan, pero las víctimas son recurrentes y esas pruebas también lo son».
Este magistrado que ha plantado cara a la banda separatista vasca ETA, al narcotráfico, y que acaba de destapar una trama de corrupción en la principal formación de oposición en España, el Partido Popular, instó a «recuperar la institucionalidad, vertebrar la sociedad civil y sobre todo proteger a los jueces para que de forma independiente hagan su trabajo».
El proceso judicial «no es una cuestión de ajuste de cuentas o de venganza, es justicia, las víctimas deben de ser resarcidas, la dignidad de las mismas en estos casos, pero estos precisamente están por delante de otros. No se olvide que son crímenes internacionales», dijo.
«Las víctimas son universales y la obligación de perseguirlos no conoce fronteras», zanjó.
El juez español Baltasar Garzón negó que haya ocultado el cobro de 200 mil dólares durante su estancia en la universidad de Nueva York en 2005 y 2006, caso por el que está siendo investigado por la justicia de su país.
«No existe fundamento para la denuncia, ignoro si es una persecución, tampoco me importa demasiado. Además, todas las cuentas están muy claras y quedan claras declarando al fisco y a haciendo por dos veces, a la estadounidense y a la española», afirmó Garzón en rueda de prensa tras participar en un seminario sobre justicia universal.
«Yo ya soy veterano en estas historias y sé que en determinados momentos estás desarrollando una actividad y te encuentras en otras; estas cosas ocurren», agregó.
El juez aseguró que durante sus 21 años al frente del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española, máxima instancia judicial de ese país, ha sido objeto de «alrededor de 45 querellas criminales».