En las últimas semanas he venido comentando el tema que hoy concluyo, sobre la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos tratado con amplitud en el foro público convocado por la Comisión Internacional de Juristas. La temática se encuentra desarrollada en la Guía para profesionales No. 3 editada por esa Comisión Internacional. De acuerdo con esta publicación, antes de que la Organización de las Naciones Unidas tomara iniciativas en el ámbito de la lucha contra la impunidad, «fueron las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de víctimas, particularmente de América Latina, las que llevaron esta lucha a las organizaciones intergubernamentales. En este proceso jugó un importante papel la lucha contra las amnistías otorgadas durante el decenio de 1980.»
Por décadas en el seno de las Naciones Unidas, dominó la idea de que la impunidad era el precio a pagar para asegurar la transición a la democracia, el regreso de los militares a sus cuarteles o la finalización de los conflictos armados internos. Así lo confirman numerosas resoluciones de la Asamblea General. Esa situación fue modificándose y frente al discurso político de la impunidad como «mal necesario», surgió la argumentación jurídica contra la impunidad con base en el derecho internacional de los derechos humanos. El argumento jurídico dice la referida Guía, «fue el resultado de un proceso promovido tanto por la acción y movilización de las organizaciones no gubernamentales como por la doctrina y la jurisprudencia de los órganos y procedimientos internacionales de protección de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano.»
En América Latina la perseverancia de las organizaciones no gubernamentales luchando en contra de la impunidad y por el derecho a la verdad y la justicia, ha logrado avances significativos. En Guatemala la lucha de esas organizaciones sigue intentando romper el muro de la impunidad sobre hechos del pasado. En el presente, investigaciones promovidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos PDH, están permitiendo la individualización de responsabilidades y el procesamiento de algunos culpables de delitos de desaparición forzada e involuntaria. Después de varias décadas de ocurridos los hechos, por fin los familiares están viendo la luz al final del túnel, renovando la esperanza de aclarar el paradero de sus seres queridos y de que se haga justicia por los crímenes.
Las investigaciones de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala CICIG, están empezando a generar resultados que también intentan desarticular redes de impunidad incrustadas en el aparato de Estado.
En materia de derechos humanos en el país, durante los últimos meses se han tomado acciones para combatir la impunidad. Estos esfuerzos están haciendo pasar la prueba de fuego, en especial, al sistema de justicia en cuya jurisdicción se encuentran varios casos pendientes de sentencia firme.
P.S. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Hoy se cumplen 27 años de la masacre cometida por el ejército contrainsurgente en contra de los pobladores de Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz. Los autores intelectuales y materiales siguen gozando de impunidad. Las víctimas y sus familias esperan justicia.