El presidente ílvaro Colom instaló el martes las dos comisiones que buscarán atenuar las críticas nacionales e internacionales por la impunidad, y que ponen de manifiesto la debilidad del Estado para contrarrestar la acción de grupos paralelos incrustados en su esfera para fomentar la impunidad.
La primera comisión, que tendrá una duración de 10 meses, servirá para desclasificar los archivos militares entre 1954 y 1996, especialmente los que recogen información de la época de la guerra que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.
La segunda, por su parte, facilitará el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU y dirigida por el jurista español Carlos Castresana y cuyo mandato de dos años termina oficialmente en septiembre, aunque puede ser ampliado.
De acuerdo con Carlos Menocal, coordinador de la última entidad, ésta estará destinada a tratar de identificar causas y orígenes de la impunidad en Guatemala, no sólo en la administración de justicia, sino en la seguridad y justicia.
El lanzamiento se da en medio de fuertes críticas de la comunidad internacional, lideradas por el propio Castresana, quien afirma que el Estado ha sido incapaz de dar respuesta a la lucha contra la impunidad, la corrupción y la inseguridad.
«Hemos visto cómo las estructuras criminales están en las instituciones del Estado, en los políticos, y como una mancha de aceite se extiende hacia el sector privado», afirmó el jurista español.
Entre tanto, miles de personas de 19 países enviaron misivas y postales al mandatario guatemalteco para instarlo a buscar los medios para poner fin a este flagelo.
Las misivas y postales fueron entregadas en la Oficina de la Presidencia de Guatemala por delegados de la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, en inglés) y la Comisión de Derechos Humanos en Guatemala/EEUU, ambas con sede en Estados Unidos.
La creación de los dos entes es bien vista por representantes de grupos sociales y pro justicia locales, aunque no han caído en falsas expectativas sobre los avances que puedan alcanzar.
La mayor preocupación radica en que las nuevas entidades solo sirvan para aumentar la burocracia, sin que puedan ser efectivas y eficientes para aplicar la justicia, como en casos de genocidio cometidos durante la guerra civil.
Hasta el momento ningún alto militar ha sido sentado en el banquillo de los acusados por casos de lesa humanidad cometidos durante la guerra, pese a que un informe auspiciado por la ONU afirmó que el 93% de los 200.000 muertos y desaparecidos durante el conflicto fueron perpetrados por el Ejército.